En un Estado de derecho, las decisiones sobre el nombramiento o destitución de un funcionario deberían surgir de investigaciones, expedientes, responsabilidades administrativas o resoluciones judiciales. En Veracruz, sin embargo, pareciera que basta una narcomanta para mover piezas del gobierno con una velocidad que ninguna denuncia ciudadana consigue.
Eso es exactamente lo que deja entrever el caso ocurrido en Tuxpan. La Secretaría de Marina y el Ayuntamiento terminaron destituyendo al director de la Policía Municipal, el marino Raymundo Torres, después de que un grupo delincuencial lo señalara públicamente de no cumplir los presuntos acuerdos pactados durante la campaña electoral que llevó a Daniel Cortina a la presidencia municipal. El relevo tampoco ofrece tranquilidad: fue designado otro marino previamente dado de baja y también señalado por presuntos vínculos con grupos criminales y otros episodios polémicos.
El problema no es únicamente el cambio de un mando policial. Lo verdaderamente alarmante es el mensaje que reciben los ciudadanos. Si una organización criminal publica una amenaza y, poco tiempo después, las autoridades modifican la estructura de seguridad exactamente en el punto señalado por los delincuentes, la percepción pública resulta devastadora. La duda deja de ser un rumor para convertirse en una sospecha legítima.
Desde el 25 de febrero de este año, cuando apareció la narcomanta dirigida al alcalde y al entonces director de la policía municipal, la gravedad del contenido obligaba a una investigación exhaustiva. En ese mensaje no solamente se lanzaban amenazas; también se afirmaba que existieron aportaciones económicas ilícitas para la campaña electoral y compromisos incumplidos entre actores políticos y grupos criminales.
Si tales afirmaciones eran falsas, las autoridades debieron demostrarlo con investigaciones transparentes y contundentes. Si existía alguna posibilidad de que fueran ciertas, el deber era aún mayor: abrir carpetas de investigación, revisar el origen de los recursos utilizados en la campaña, investigar posibles responsabilidades penales y garantizar que la seguridad pública permaneciera libre de cualquier infiltración criminal.
Lo que no puede aceptarse es que una acusación de semejante magnitud quede flotando en el ambiente mientras únicamente cambian los nombres de quienes ocupan un cargo.
Aquí surge una pregunta inevitable: ¿por qué el OPLE no detectó absolutamente nada durante el proceso electoral? Si existían indicios de financiamiento ilícito o de intervención del crimen organizado, ¿dónde estuvieron los mecanismos de fiscalización? ¿Dónde quedaron los controles que, en teoría, deben garantizar elecciones libres de dinero criminal?
Igualmente preocupante resulta el silencio de los partidos políticos derrotados. Si conocían estas versiones y nunca las denunciaron formalmente, fueron omisos frente a un asunto de interés público. Si no las conocían, entonces demostraron una preocupante incapacidad para vigilar la limpieza de un proceso electoral cuya legalidad estaban obligados a defender.
La infiltración del crimen organizado en la política municipal no comienza cuando aparece una patrulla; empieza cuando el dinero ilegal financia campañas, decide candidaturas, compra silencios y convierte a las instituciones en simples administradoras de intereses criminales.
Por ello resulta indispensable practicar controles de confianza y exámenes patrimoniales no solamente a los integrantes de las corporaciones policiacas. También deberían extenderse a síndicos, regidores, funcionarios municipales e incluso al propio alcalde. La confianza pública no puede sostenerse únicamente sobre discursos; necesita verificaciones permanentes y transparencia absoluta.
La seguridad pública jamás podrá construirse sustituyendo uniformes mientras permanecen intactas las estructuras de poder que permiten la infiltración criminal. Cambiar un mando puede aliviar una crisis mediática, pero jamás resolverá una crisis institucional.
Veracruz ha vivido durante demasiados años las consecuencias de la colusión entre política y delincuencia organizada. Cada episodio que no se investiga fortalece la impunidad. Cada silencio institucional alimenta la desconfianza ciudadana. Cada explicación incompleta erosiona un poco más la credibilidad del Estado.
Cuando una narcomanta parece tener más capacidad para remover funcionarios que las propias instituciones de justicia, el verdadero gobierno deja de despachar en el palacio municipal y comienza a hacerlo desde la sombra de la impunidad.
