Desde su llegada al poder en 2018, Morena ha construido una parte importante de su identidad política alrededor de la igualdad entre hombres y mujeres. La paridad de género, la creación de espacios para que más mujeres participen en la vida pública y el combate a la violencia de género han sido presentados como logros y compromisos permanentes de la llamada Cuarta Transformación. Sin embargo, toda narrativa política enfrenta tarde o temprano una prueba que pone a examen su credibilidad.
El caso del exdirector de PEMEX, Víctor Rodríguez Padilla, es precisamente una de esas pruebas.
Las imágenes y denuncias que se hicieron públicas no solamente colocan bajo escrutinio la conducta de un exfuncionario de alto nivel. También obligan a preguntarse si las instituciones actuarán con la misma firmeza que el gobierno ha prometido cuando se trata de proteger a las mujeres, incluso si el señalado pertenece al círculo del poder.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara al afirmar que debe aplicarse todo el peso de la ley. El mensaje político es correcto. Sin embargo, en democracia las declaraciones representan apenas el primer paso. Lo que realmente fortalece la confianza ciudadana son los hechos.
Existe una diferencia importante entre la responsabilidad penal y el costo político. Jurídicamente, cualquier persona debe ser considerada inocente mientras no exista una resolución judicial en su contra. Ese principio protege los derechos de todos y no puede ignorarse. Pero políticamente la ciudadanía suele evaluar algo distinto, la manera en que reaccionan las instituciones cuando uno de sus integrantes enfrenta señalamientos tan delicados.
Si las investigaciones que realice la Fiscalía de Morelos avanzan con independencia, transparencia y dentro de los tiempos que marca la ley, Morena podrá sostener que sus principios no dependen de quién sea el acusado. En cambio, si el proceso parece estancarse o genera la percepción de que existe un trato privilegiado por la relevancia política del exfuncionario, el daño a la credibilidad puede ser considerable, aun cuando posteriormente exista una resolución judicial.
La oposición seguramente buscará aprovechar este escenario para señalar un supuesto doble rasero, exigir castigo cuando los acusados pertenecen a otros partidos, pero mostrar mayor prudencia cuando se trata de personajes cercanos al poder. Esa narrativa puede encontrar terreno fértil si las autoridades no comunican con claridad cada avance de la investigación.
Además, este caso vuelve a poner sobre la mesa una reflexión de fondo, la paridad de género no se limita a que existan más mujeres ocupando cargos públicos. Su verdadero significado también implica que las instituciones respondan con eficacia cuando una mujer denuncia violencia, sin importar quién sea el presunto agresor.
La legitimidad de un gobierno no se mide únicamente por las leyes que impulsa o por los discursos que pronuncia. También se construye con la capacidad de aplicar esas mismas reglas cuando las circunstancias resultan políticamente incómodas.
Por eso, el caso de Víctor Rodríguez Padilla podría convertirse en mucho más que un expediente judicial. Será una prueba de congruencia para Morena y para las instituciones encargadas de procurar justicia. Si la ley se aplica con independencia. Si no se repite un hecho bochornoso como el de Cuauthémoc Blanco, el gobierno fortalecerá su discurso. Si prevalece la percepción de impunidad o privilegios, el costo no recaerá solamente sobre un exfuncionario, sino sobre la credibilidad de todo un proyecto político que ha hecho de la defensa de las mujeres uno de sus principales estandartes.
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Maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Formó parte del cuerpo académico de la Licenciatura en Comunicación en esa institución, así como de la Universidad Anáhuac, campús norte.
