Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, una vez concluido el Mundial de Fútbol 2026, el gobierno federal abrirá un debate nacional sobre la regulación de las redes sociales y la inteligencia artificial (IA), con énfasis en la protección de menores y jóvenes ante su uso excesivo.
Durante su conferencia mañanera, Sheinbaum señaló que esperará al término del evento deportivo, después del 19 de julio, para discutir temas como la adicción de niñas, niños, adolescentes y jóvenes a las plataformas digitales, quién controla estas redes, la concentración de poder y las regulaciones existentes en otros países. Posteriormente, abordará la IA: qué es, quién la controla, sus usos positivos y los riesgos asociados. La mandataria insistió en que México debe avanzar hacia una regulación “sin caer en censura”.
El debate en las redes sociales, después de sus declaraciones, no se ha hecho esperar. Y es que según apuntan unos analistas una encuesta de Enkoll, Sheinbaum registra una desaprobación del 44% entre los jóvenes de 18 a 24 años. Por lo que advierten que, aunque la regulación puede ser necesaria, una redacción deficiente podría usarse para castigar la crítica política bajo pretextos de protección a menores o combate a la desinformación.
Mientras algunos usuarios ven con buenos ojos abrir la discusión sobre adicciones y riesgos, la mayoría expresa preocupación por posibles restricciones a la libertad de expresión, recordando el caso de San Luis Potosí. En ese estado, la llamada “Ley IA” o “Ley Serrano” fue utilizada para detener a periodistas por supuestamente difundir contenidos generados o manipulados con inteligencia artificial, lo que generó alertas de organizaciones como Article 19 sobre posibles abusos contra la libertad de prensa.
Hasta el momento, la Presidencia no ha detallado el formato ni los actores que participarán en el debate anunciado. El tema cobra relevancia en un contexto donde México es uno de los países con mayor uso de redes sociales en América Latina y donde persisten debates sobre el equilibrio entre regulación, salud pública y garantías constitucionales.
