La política mexicana tiene sus propias estaciones del año. Hay temporadas de gobierno, épocas de crisis y momentos de campaña.
Hoy, aunque oficialmente nadie está en campaña, el ambiente huele a elección.
La fiebre de 2027 ya comenzó.
En los pasillos del Senado y de la Cámara de Diputados se escucha el ruido de las maletas. Decenas de legisladores federales de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo solicitaron licencia para abandonar sus curules y lanzarse a la conquista de gubernaturas, alcaldías y otros cargos de elección popular.
La llamada Cuarta Transformación enfrenta un fenómeno paradójico: su mayor fortaleza también podría convertirse en su principal desafío.
Nunca el partido gobernante había acumulado tantos cuadros con posibilidades reales de competir por el poder territorial.
Pero tampoco había tenido que administrar una disputa interna de semejante magnitud.
Las cifras hablan por sí mismas. Más de cincuenta figuras de primer nivel levantaron la mano para competir por las diecisiete gubernaturas que estarán en juego en 2027.
Senadores, diputados federales, alcaldes, delegados federales y funcionarios de alto rango comenzaron una migración política que recuerda las grandes movilizaciones electorales de los viejos tiempos.
La diferencia es que ahora el adversario principal no está necesariamente en la oposición.
Está en casa.
Morena gobierna la mayoría de los estados del país y su reto ya no consiste únicamente en ganar elecciones, sino en decidir quiénes serán los herederos del poder.
La batalla se escenifica en Guerrero, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Baja California, Michoacán, Zacatecas y otras entidades donde la competencia interna es feroz.
Desde el punto de vista técnico, la estrategia tiene lógica.
La dirigencia nacional busca evitar acusaciones de actos anticipados de campaña y por ello exige a los aspirantes separarse de sus cargos.
El mensaje es claro: quien quiera competir debe dejar la oficina pública y asumir el riesgo político de la contienda.
Es una medida que pretende garantizar equidad, impedir el uso de recursos públicos y reducir cuestionamientos legales.
Sin embargo, la política rara vez es tan simple.
Cada licencia legislativa provoca movimientos en cadena. Los suplentes ocupan los escaños, cambian los equilibrios internos y se reconfiguran los grupos de poder.
Lo que parece un trámite administrativo es, en realidad, una operación quirúrgica de reacomodo político.
Claudia Sheinbaum observa el proceso con especial atención.
La Presidenta sabe que las elecciones de 2027 serán el primer gran examen de su liderazgo territorial.
Muchos de los gobernadores que llegaron bajo el paraguas político de AMLO concluirán su mandato, y quienes los sustituyan serán identificados como parte de la generación política de Sheinbaum.
Por eso la sucesión estatal tiene una dimensión nacional.
No se trata únicamente de elegir candidatos.
Gira en torno a construir el mapa político que acompañará al gobierno federal durante la segunda mitad del sexenio.
Morena intenta blindar el proceso mediante encuestas, controles internos y reglas contra el nepotismo.
Pero la experiencia demuestra que cuando existen muchos aspirantes y pocos espacios, las heridas son inevitables.
La historia política mexicana está llena de ejemplos donde las fracturas internas terminaron costando gubernaturas.
La oposición observa con atención.
PAN, PRI y Movimiento Ciudadano saben que su mejor oportunidad no necesariamente radica en crecer por méritos propios, sino en aprovechar los conflictos que puedan surgir dentro del bloque oficialista.
La gran pregunta es si Morena logrará procesar democráticamente esta enorme competencia interna o si la lucha por las candidaturas terminará generando resentimientos, rupturas y fugas.
Por ahora, la fiebre está desatada.
Y cuando los políticos comienzan a abandonar sus cargos antes de tiempo, es porque ya no están pensando en gobernar.
Están pensando en suceder.
El reloj electoral ya empezó a correr.
Aunque oficialmente todavía falte un año.
