Por Omar Zúñiga
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) no avisó, no dijo ni agua va, pero la modificación que acaba de publicar en el Diario Oficial de la Federación al Programa Anual de Auditorías para la Cuenta Pública 2025 equivale, en términos fiscalizadores, a cambiar el bisturí por un escáner de cuerpo completo.
El nuevo esquema de auditorías integrales concentra en un solo procedimiento las revisiones de cumplimiento normativo, desempeño institucional y ejercicio presupuestal que antes se practicaban por separado.
Para los gobiernos estatales, eso no es una noticia menor: es una alerta de primer orden.
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Hasta ahora, el modelo tradicional de fiscalización funcionaba con una lógica segmentada: una auditoría financiera aquí, una de desempeño allá, una de cumplimiento más adelante.
Esa fragmentación, lejos de ser neutral, ofrecía a los entes auditados ciertos márgenes de maniobra: una irregularidad podía perderse entre la brecha de dos revisiones distintas, o quedar diluida en la falta de comunicación entre equipos auditores que no cruzaban sus hallazgos.
Con las auditorías integrales, la ASF elimina esas costuras.
Un solo equipo, una sola metodología, un solo informe consolidado que examina simultáneamente si el dinero se gastó en lo que debía gastarse, si produjo los resultados comprometidos y si se respetaron las reglas del juego.
La visión transversal que eso genera es cualitativamente distinta: permite identificar causas estructurales y patrones sistemáticos de irregularidad, no sólo errores aislados.
Simple y llanamente: es mucho más difícil ocultar un patrón que esconder un número.
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Analizado el esquema con detenimiento, al menos cinco vectores de exposición emergen para las entidades federativas:
1. La trampa del gasto etiquetado
El grueso de los recursos que reciben los estados son transferencias federales sujetas a destino específico: Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB), Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), Fondo de Infraestructura Social (FAIS), entre otros.
La lógica de la auditoría integral los revisará de manera conjunta: no sólo si el dinero del FAIS se usó en obras, sino si esas obras existen físicamente, si mejoraron el índice de marginación comprometido y si los contratos se adjudicaron conforme a ley.
La superposición de esas tres capas es dinamita para estados con costumbres de subejercicio, obra fantasma o licitaciones a modo.
2. La deuda subnacional bajo el reflector
Varios estados arrastran carteras de deuda pública que fueron contratadas con cargo a participaciones federales futuras, en muchos casos sin la debida transparencia legislativa ni evaluación de capacidad de pago.
Una auditoría integral que cruce el desempeño institucional con el régimen patrimonial y financiero del ente puede revelar con nitidez el estado real del endeudamiento, incluyendo pasivos contingentes —pensiones, demandas laborales, deuda flotante— que los gobiernos estatales históricamente han mantenido fuera del balance público.
Lo que hasta ahora se registraba en notas al pie podría convertirse en observaciones formales con consecuencias jurídicas.
3. El nudo de las nóminas infladas
El capítulo 1000 —servicios personales— concentra, en promedio, entre el 60 y el 70 por ciento del gasto corriente de los estados.
Es también el renglón con mayor historia de opacidad: plazas duplicadas, comisionados sindicales sin función clara, basificaciones masivas previas a procesos electorales, personal activo en nómina con registro simultáneo en el IMSS como trabajadores de empresas privadas.
Al revisar de manera integral cumplimiento normativo, desempeño y ejercicio presupuestal, la ASF dispondrá del andamiaje metodológico para cruzar esas anomalías sin necesidad de tres auditorías independientes.
Los estados que han diferido la depuración de sus nóminas enfrentan ahora un riesgo de exposición mucho más elevado.
4. El desempeño como evidencia de corrupción
Este es, quizás, el cambio más significativo en términos de impacto político.
En el modelo tradicional, una auditoría de desempeño podía concluir que un programa tuvo resultados insatisfactorios sin que eso derivara automáticamente en una responsabilidad jurídica: el funcionario simplemente “no alcanzó metas”. Con una auditoría integral, la brecha entre el desempeño deficiente y el incumplimiento normativo —o peor aún, entre el desempeño deficiente y el indebido ejercicio del gasto— se vuelve visible de manera directa.
Dicho de otro modo: ya no bastará argumentar “ineficiencia” cuando los indicadores de resultados estén en el suelo y el presupuesto se haya ejercido al cien por ciento. Esa combinación apunta a una sola dirección.
5. La capacidad institucional como vulnerabilidad
La auditoría integral requiere que los entes auditados dispongan de sistemas de información confiables, archivos organizados, indicadores de desempeño actualizados y controles internos funcionales.
En muchos estados, esa infraestructura administrativa simplemente no existe o existe de manera precaria.
La debilidad institucional, paradójicamente, se convertirá en un hallazgo en sí mismo: la ausencia de evidencia documental es, para efectos de fiscalización, evidencia de irregularidad.
Los estados que no han modernizado su gestión pública —y no son pocos— afrontarán un escenario en el que la torpeza administrativa y la opacidad intencional producen el mismo resultado ante la ASF.
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La pregunta relevante no es si el instrumento es bueno o no, sino qué ocurrirá cuando ese instrumento se aplique sobre entidades que han construido sus equilibrios políticos y presupuestales sobre décadas de opacidad.
La respuesta incómoda es que los estados más vulnerables no son necesariamente los más pobres, sino los que más han dependido de la información fragmentada para administrar sus irregularidades.
Y esas entidades están hoy ante una realidad que no habían enfrentado antes: una sola revisión que ve todo al mismo tiempo.
La ASF no ha cambiado las reglas del juego.
Ha cambiado los ojos con los que las aplica.
Y eso, para quienes han jugado con las reglas a medias, es un cambio que lo transforma todo.
¡Qué barbaridad!
deprimera.mano2020@gmail.com
