Ahora que Alemania puso de moda las goleadas en el Mundial de Fútbol, con ese 7-1 sobre Curazao, que se convierte en el marcador más abultado de la actual justa deportiva mundial, quise hacer una comparativa entre el número de gobernadores procesados durante la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y la de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
Y el marcador es de una contundente goliza 13-0. Entre 2012 y 2018 se procede judicialmente contra 13 gobernadores y exgobernadores, mientras que en el siguiente sexenio entre 2018 y 2024 el marcador indica “cero” mandatarios o exmandatarios procesados. Incluso a varios los incluyó en cargos del Servicio Exterior Mexicano, Congreso de la Unión y hasta en la administración pública federal.
Aquí enlisto los 13 gobernadores y exgobernadores procesados durante el sexenio peñista:
1 Andrés Garnier Melo / Tabasco
2 Fausto Vallejo Figueroa / Michoacán
3 Jesús Reyna García / Michoacán
4 Guillermo Padrés Elías / Sonora
5 Luis Armando Reynoso Femat / Aguascalientes
6 Rodrigo Medina de la Cruz / Nuevo León
7 Flavino Ríos Alvarado / Veracruz
8 Javier Duarte de Ochoa / Veracruz
9 Roberto Borge Angulo / Quintana Roo
10 César Duarte Jáquez / Chihuahua
11 Tomás Yarrington Ruvalcaba / Tamaulipas
12 Eugenio Hernández Flores / Tamaulipas y
13 Roberto Sandoval Castañeda / Nayarit
Haciendo uso de la mayor síntesis posible, déjeme contarle un poquito de cada caso. Empecemos con el tabasqueño Andrés Granier Melo, que fue el primer “gran” exgobernador priista del sexenio en caer. Detenido por la entonces PGR en junio de 2013, acusado del millonario desvío de fondos federales destinados a salud y educación en su estado. Dinero que habría ido a parar a las cuentas de Mariana Granier Calles, hija del exgobernador, siendo uno de los escándalos financieros más mediáticos al inicio del sexenio de Enrique Peña, pues se dijo que eran 3 mil millones de pesos que no tenían manera de demostrar procedencia licita, justificación del origen o declaraciones fiscales que solventasen dichos ingresos.
En Michoacán, primero se investigó a Fausto Vallejo Figueroa y aunque dejó el cargo por “motivos de salud”; después, quién lo sucedió y fue gobernador interino Jesús Reyna García, se le detiene formalmente en 2014 por la entonces PGR tras aparecer en videos pactando directamente con líderes del cartel de “Los Caballeros Templarios”. Por otra parte, en 2016 el panista sonorense Guillermo Padrés Elías, tras ser buscado por la Interpol, se entregó voluntariamente ante un juez para enfrentar cargos federales de defraudación fiscal y lavado de dinero.
Otro panista fue Luis Armando Reynoso Femat de Aguascalientes, quien recibió dos sentencias condenatorias durante el sexenio de Peña Nieto (en 2016 y 2017) por el delito de peculado, relacionado con la venta simulada de terrenos del estado y la compra fraudulenta de un tomógrafo médico inexistente. Otro caso que fue altamente mediático es el de Rodrigo Medina de la Cruz de Nuevo León, quien fue vinculado a proceso penal e incluso ingresó brevemente al penal de Topo Chico en enero de 2017 por los delitos de peculado y daño patrimonial, derivado de incentivos económicos irregulares otorgados a la armadora Kia Motors.
Para marzo de 2017 se detuvo a Flavino Ríos Alvarado, gobernador interino de Veracruz, bajo cargos de tráfico de influencias y encubrimiento por haber facilitado un helicóptero oficial en el que Javier Duarte huyó del estado. Así llegamos al caso que quizá sea el emblema de la corrupción del período peñista: Javier Duarte de Ochoa, quien huyó del país y fue detenido en Guatemala en 2017. Recibió condena por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además de que siguen en marcha otros procesos en su contra casi 10 años después de su aprehensión.
Recuerdo muy bien el caso de Roberto Borge Angulo de Quintana Roo, quien fue detenido en Panamá en 2017 mientras intentaba “fugarse” a Europa. Se le procesó por el remate ilegal de terrenos públicos de reservas ecológicas, así como por el delito de lavado de dinero. Por otra parte, el que acumuló decenas de órdenes de aprehensión locales y federales desde 2017 por peculado agravado y desvío de recursos públicos, fue el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, convirtiéndose en prófugo durante el sexenio de Peña Nieto, refugiándose en Estados Unidos, donde sería detenido posteriormente.
Otro caso que a la fecha sigue resonando fue el de Tomás Yarrington Ruvalcaba, de Tamaulipas; él gobernó de 1999 a 2004, pero las órdenes de captura de la PGR y la solicitud de extradición ocurrieron en el gobierno peñista, siendo detenido en Italia en 2017 por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Su sucesor, Eugenio Hernández Flores, también fue detenido en octubre de 2017 en Ciudad Victoria, se le procesó penalmente por peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita vinculadas a la compra de terrenos estatales.
Y el último caso que se registró en el sexenio 2012-2018 fue el de Roberto Sandoval Castañeda, de Nayarit, quién luego de las investigaciones federales en su contra por enriquecimiento ilícito y presuntos vínculos criminales en 2017 y 2018, ligados a su fiscal, Edgar Veytia, se procedió al congelamiento de sus cuentas bancarias, incluso antes de que concluyera el sexenio, aunque él fue puesto tras las rejas hasta 2021. Pero lo cierto es que el proceso en su contra data de los tiempos de Enrique Peña Nieto.
Mientras que, durante sus años en Palacio Nacional Andrés Manuel López Obrador, lejos que encarcelar a exgobernadores, varias y varios de ellos recibieron nombramientos en el servicio exterior, a través de embajadas y consulados, como los exmandatarios de Sinaloa, Quirino Ordaz; Sonora, Claudia Pavlovich; Quintana Roo, Carlos Joaquín González; Carlos Miguel Aysa González, Campeche; y Omar Fayad Meneses, de Hidalgo; lo que neutralizó posibles querellas judiciales inmediatas contra estos políticos. También incluyó en un cargo directivo de CFE al ex de Nayarit, Antonio Echevarría García; así como Marco Antonio Mena Rodríguez, ex de Tlaxcala que fue designado director de la Lotería Nacional y luego cónsul en San Francisco; ó en postulaciones al Senado por Morena de los exgobernadores de Chihuahua y Oaxaca, Javier Corral Jurado y Alejandro Murat Hinojosa, respectivamente.
Todos estos nombramientos ocurrieron poco después de que concluyeran sus respectivos mandatos estatales y de que sus partidos perdieran las elecciones locales frente a candidatos de Morena, lo que en su momento generó controversias políticas y la posterior expulsión o renuncia de dichos personajes a sus partidos originales. Lo que demuestra que, en el terreno de los hechos Andrés Manuel López Obrador no solamente no procedió contra gobernadores y exgobernadores sino que los cobijó políticamente, dejando como diría Claudia Sheinbaum: “Pruebas, Pruebas, Pruebas”. ¡Hasta aquí por hoy!
*Periodista/Tlaxcala
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