En toda democracia existe un principio fundamental, la confianza ciudadana en las instituciones no se construye a partir de discursos, sino mediante acciones concretas. Por ello, cuando surgen señalamientos graves sobre posibles vínculos entre actores políticos y organizaciones criminales, la respuesta del Estado se convierte en una prueba de fuego para su credibilidad.
En los últimos años, el gobierno federal ha defendido con firmeza la soberanía nacional frente a diversas acciones e investigaciones emprendidas por autoridades estadounidenses. Desde una perspectiva diplomática, esta postura resulta comprensible. Ningún país desea que otro actúe como juez sobre sus asuntos internos. Sin embargo, la discusión de fondo no debería centrarse únicamente en si Estados Unidos tiene o no razón al señalar a determinados personajes, sino en la capacidad de México para investigar por sí mismo esos señalamientos.
El problema no surge cuando una autoridad extranjera formula acusaciones. El verdadero problema aparece cuando las instituciones nacionales parecen mostrar poco interés en verificar si dichas acusaciones son ciertas o falsas. En ese momento comienza a deteriorarse la confianza pública.
La defensa de la soberanía no consiste en rechazar automáticamente cualquier información proveniente del exterior. Por el contrario, una nación demuestra fortaleza institucional cuando es capaz de abrir investigaciones propias, solicitar cooperación internacional, analizar evidencias y llegar a conclusiones sustentadas en pruebas. Si los señalados son inocentes, una investigación transparente permitiría exonerarlos públicamente. Si existen responsabilidades, correspondería aplicar la ley sin distinciones.
Esa es precisamente la esencia del Estado de derecho.
Cuando la ciudadanía observa que determinados personajes son defendidos políticamente antes de ser investigados, surge una percepción difícil de combatir. La de una justicia selectiva. Aunque jurídicamente nadie debe ser condenado sin pruebas, tampoco resulta saludable que la única respuesta institucional sea descalificar los señalamientos sin iniciar procesos que permitan esclarecer los hechos.
La pregunta que muchos ciudadanos se formulan es simple y legítima, si las acusaciones son falsas, ¿por qué no investigarlas para demostrarlo? Y si existen elementos que las sustentan, ¿por qué no actuar?
En este contexto, el costo político puede ser incluso mayor que cualquier diferencia diplomática con Estados Unidos. Las tensiones entre ambos países son normales y forman parte de una relación compleja que involucra comercio, migración, seguridad y cooperación bilateral. Sin embargo, el daño más profundo ocurre dentro de México cuando los ciudadanos comienzan a percibir que existen actores políticos que gozan de protección especial o que son intocables para las instituciones encargadas de impartir justicia.
La confianza en el gobierno depende de que las reglas se apliquen de manera uniforme, sin importar partidos, cargos o cercanías con el poder. Cuando esa percepción de imparcialidad desaparece, también se debilita la legitimidad de las autoridades.
Para el gobierno federal, el riesgo es evidente. La percepción de protección hacia personas señaladas por presuntos vínculos con el crimen organizado puede erosionar tres de sus principales activos: En primer lugar la autoridad moral para combatir la corrupción; en segundo la credibilidad de su estrategia de seguridad y finalmente la confianza en su discurso de transformación institucional.
Es importante subrayar que los señalamientos por sí mismos no constituyen pruebas de culpabilidad. En una democracia, toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso. Sin embargo, precisamente por esa razón, investigar no es una opción política; es una obligación institucional.
La verdadera amenaza para la credibilidad del Estado mexicano no es que autoridades estadounidenses procesen a ciudadanos mexicanos. La amenaza surge cuando los propios ciudadanos comienzan a creer que sus instituciones no están dispuestas a investigar a quienes deberían rendir cuentas ante la ley. Cuando esa percepción se instala en la opinión pública, el problema deja de ser diplomático y se transforma en una profunda crisis de confianza.
Y una vez que la confianza ciudadana se pierde, recuperarla suele ser mucho más difícil que resolver cualquier conflicto con un gobierno extranjero.
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cacostabravo@yahoo.com.mx
Maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Formó parte del cuerpo académico de la Licenciatura en Comunicación en esa institución, así como de la Universidad Anáhuac, campús norte.
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