La crisis de los desaparecidos

Se esperaba que, con el arribo de Morena a la Presidencia de la República en 2018, el número de desaparecidos por los grupos criminales que surgieron y se multiplicaron en los regímenes del PRI y PAN, fuera descendiendo paulatinamente. Sin embargo, en casi ocho años de las dos primeras administraciones de la Cuarta Transformación, estos crímenes de lesa humanidad han ido aumentando.    

Hace tres semanas estuvo en México el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Volker Türk, quien entre el lunes 20 y el jueves 23 de abril se reunió por separado con la Presidenta Claudia Sheinbaum y con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, así como con representantes de colectivos de personas buscadoras, con integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, encabezada por la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy; con el canciller Roberto Velasco y con la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, incluida la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En el cierre de su visita al país, Türk afirmó que las desapariciones de personas siguen siendo uno de los “desafíos más graves y dolorosos” en México, por lo que llamó a que el esfuerzo para combatir este flagelo “no se politice ni polarice”, sino que se ponga en el centro a las víctimas. “Necesitamos un compromiso nacional que vaya más allá de posiciones políticas o de un mandato de un gobierno, para que pueda darse un proceso de verdad, de reconocimiento del dolor y la labor de las personas buscadoras, de transparencia y de compromiso férreo del Estado”, expresó.

En su última conferencia de prensa, el abogado austriaco reconoció los esfuerzos realizados por las autoridades de México para hacer frente a la violencia, pero externó igualmente su preocupación por la impunidad, la seguridad pública y el desafío que representan las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos, así como los feminicidios.

El alto comisionado de la ONU observó que la seguridad pública es uno de los retos más complejos de la sociedad mexicana. “Los grupos delictivos organizados continúan operando en varias partes del país y tienen un impacto significativo en el disfrute de los derechos humanos de la población”. Apuntó que prevalecen “altos niveles de corrupción y fragilidad institucional” e indicó que es fundamental que las estrategias de seguridad continúen avanzando hacia el fortalecimiento de las instituciones civiles y profesionales.

Anteayer, lunes 11 de mayo, le tocó el turno a la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para México, Andrea Pochak, quien advirtió que nuestro país enfrenta “una grave crisis” de desaparición de personas y de identificación humana de cuerpos bajo custodia del Estado. 

El delito, aseveró en un informe, es “generalizado” y el universo de víctimas agrupa una multiplicidad de perfiles, incluidos niños y jóvenes reclutados por el crimen organizado, al igual que mujeres y niñas víctimas de violencia de género, destacando la trata con fines de explotación sexual o trabajo forzado.

En la presentación del documento, la relatora de la CIDH para México resaltó que la desaparición continúa ocurriendo “por los altos niveles de impunidad”. Sus modalidades, añadió, se han transformado en las últimas décadas: actualmente el rol del crimen organizado es predominante y, en diversos contextos, opera “en estrecha connivencia con agentes estatales”, quienes participan en distintos niveles, que pueden ir desde entregar a la persona a grupos delictivos hasta la privación de la vida.

En su informe, presentado en el Museo Memoria y Tolerancia ante familias de víctimas, autoridades gubernamentales, colectivos y académicos, la también vicepresidenta de la CIDH apuntó que, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, con corte a febrero de 2026, existen más de 128 mil reportes de casos. Asimismo, señaló que estimaciones independientes indican que los cuerpos no identificados rebasan los 70 mil.

También alertó que, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, hasta agosto de 2025 México contabilizaba 18 mil menores de edad sin paradero.

Anteayer, el diario capitalino La Razón documentó que en lo que va de la administración de la gobernadora Rocío Nahle, del 1 de enero de 2025 al 10 de mayo de este año, en Veracruz las desapariciones aumentaron 176 por ciento. Según documentó el reportero Alan Gallegos, de acuerdo con datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en ese lapso el número de desaparecidos pasó de 54 a 149, de los cuales el 76% eran hombres y el 24% restante mujeres. Los municipios que registraron más casos en lo que va de 2026 son el Puerto de Veracruz, con 18 desaparecidos, y Xalapa con 10. Les siguen los de Poza Rica, San Andrés Tuxtla y Manlio Fabio Altamirano con cuatro cada uno.

DESMIENTEN VERSIÓN DE CNN SOBRE 

OPERATIVO DE LA CIA EN EL EDOMEX

Ayer, la cadena de noticias de Estados Unidos, CNN, difundió la versión de que la explosión sucedida a finales de marzo de una camioneta que circulaba por la carretera federal México-Pachuca, en el municipio de Tecámac, Estado de México, en la que falleció un presunto operador del Cártel de Sinaloa identificado como Francisco Beltrán, alias “El Payín”, fue un asesinato selectivo, operado por agentes de la CIA.

Sin embargo, tanto autoridades mexicanas como estadounidenses rechazaron de inmediato esa narrativa y aseguraron que no existe evidencia que sustente dicha versión.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) emitió un comunicado para desmentir versiones atribuidas a la dependencia sobre la supuesta presencia de un artefacto explosivo oculto dentro de la camioneta. La institución explicó que no proporcionó esa información a CNN, que la investigación sigue abierta y que no existen conclusiones definitivas sobre las causas de la explosión.

Además, precisó que durante las investigaciones no encontraron indicios de que alguien hubiera colocado o lanzado un explosivo desde el exterior hacia el vehículo.

Por su parte, la CIA consideró dicha versión como “una información falsa y sensacionalista que no sirve para nada más que como una campaña de relaciones públicas para los cárteles y pone en riesgo la vida de los estadounidenses”.

La agencia de EU sostuvo que este tipo de narrativas sólo generan desinformación, complican labores de inteligencia, dan notoriedad internacional a grupos criminales y pueden poner en riesgo operaciones y personal.

A su vez, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de su cuenta en X afirmó que el gobierno mexicano “rechaza categóricamente cualquier intento de normalizar intervenciones estadounidenses en México o que llevaron a cabo operaciones letales, encubiertas o unilaterales”.

Harfuch reconoció que sí existe cooperación entre ambos países en temas de seguridad, aunque aclaró que esta se desarrolla bajo condiciones específicas. Entre los principios que mencionó se encuentran: “Respeto a la soberanía, Responsabilidad compartida, Confianza mutua y Cooperación sin subordinación”.

El diario New York Times publicó que la operación en donde murió “El Payín” Beltrán fue llevada a cabo por fuerzas mexicanas pero que la CIA habría dado su ubicación. El apoyo fue de inteligencia, no en terreno, precisó la influyente publicación neoyorkina.

En contraste, al comparecer ayer ante el Senado de EU, el director de la DEA, Terry Cole, advirtió que el caso del gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, “es solo el comienzo de lo que está por venir en México”. ¡Órale!