Para Max Weber, el Estado tiene capacidad para “reclamar para sí el uso legítimo de la violencia” entendida esta como la capacidad de coerción o coacción para garantizar la seguridad y mantener el orden en la sociedad. Desde ese enfoque el gobierno de López Obrador fue omiso por no utilizar esa fuerza para oponerla a la delincuencia organizada, que, aprovechada, aumentó considerablemente su poder extendido ya en gran parte del territorio nacional, arrebatándole al Estado Mexicano el control de importantes porciones del país. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha dado un espectacular giro en esa materia, demostrando que con voluntad política el Estado puede ejercer su autoridad de legitimo uso de la violencia para contener la fuente de la inseguridad y la violencia en el país. Durante el primer cuarto de la actual gestión publica federal cientos de malhechores de todas las jerarquías han sido deportados a los Estados Unidos y muchos más pueblen las cárceles de Mexico. Pero la extensión de ese dominio de drogas, de extorsión, de homicidios, de violencia, es tan amplia que lo mucho hecho hasta ahora, comparándolo con los gobiernos gobiernos antecesores, parezca poco de tanto que falta por hacer. Capos de elevada jerarquía y segundos mandos han sido sacados de circulación, y sin embargo, como la Hidra de Lerna, le cortan una cabeza y surgen dos más.
Pero, dicen los que de eso saben, poco se avanzará si no se atiende otro factor de central importancia: la cadena de complicidades establecida entre agentes de la violencia y políticos de diferentes niveles de gobierno, agentes ministeriales, jueces, comandantes policiacos, etc. Esa gran maraña, que por alguna razón aún no se toca, permanece intacta, sus nombres permanecen en grado de presuntos, solo la información de inteligencia conoce sus nexos, la cúpula gobernante también. Pero para un movimiento de esa naturaleza se requiere de un gobierno fuerte, sostenido sobre bases monolíticas, no parece estar en esas condiciones el que preside Claudia Sheibaum, ocupada como está en mantener tranquilo al vecino de Palenque, llevarla regularmente bien con Trump y preparar las condiciones electorales que le propicien al segundo tercio de su mandato mayor solidez política para enfrentar la sucesión presidencial de 2030. ¿Y la obra pública? ¿Y la salud pública? ¿Y las finanzas públicas? ¿Y Pemex? Se hará lo que se pueda, importa el proyecto y mantenerse en el poder. Patético, pero así parece, según lo veo, y quiero equivocarme.
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