Excesivos cobros por servicio de grúas, sigue afectando a empresarios

Escribe: Fanny Yépez

* Los cobros ilegales fueron prohibidos desde 2024, pero aún continúan
* Hasta 70 mil pesos cobran por el arrastre de una unidad

Veracruz, Ver., 9 de abril de 2026.- Crecen las denuncias por los abusos en los cobros de grúas en la capital del estado de Veracruz, esas arbitrariedades son una problemática persistente que ha generado múltiples denuncias ciudadanas y de transportistas, sin embargo, las autoridades responsables han sido omisas ante estas irregularidades.
A ver, el 9 de diciembre de 2024, una semana después de haber tomado posesión como gobernadora, Rocío Nahle estableció oficialmente que:
“- Queda prohibido que policías estatales, elementos de tránsito o policías viales decomisen unidades o vehículos automotores, salvo que hayan participado en un accidente de tránsito, participado en un ilícito, o bien el conductor ande en estado de ebriedad.
– El conductor ebrio será entregado a un familiar o persona que pudiera hacerse cargo de la unidad.
– La asignación de grúas será realizada por el (C4) mediante Padrón de Concesionarios, y no al libre albedrío de policías o agentes de tránsito”.
Así mismo, los diputados locales responsables de crear o reformar reglamentos que normen el costo de las grúas son aquellos que integran las Comisiones de Transporte, Tránsito y Vialidad (o Movilidad) en cada Congreso Estatal, trabajando en conjunto con la Secretaría de Movilidad/Transporte del Poder Ejecutivo estatal. Así lo establece el Orden Jurídico Nacional.
Pero después de un año y medio, las tarifas para el traslado de los vehículos, siguen siendo excesivas, estas anomalías se han denunciado sin que nadie aplique la ley. Cabe destacar que los cobros oscilan entre 5,000 y 20,000 pesos por servicios de arrastre y corralón, por faltas administrativas.
En casos extremos que involucran al sector transporte, las tarifas han llegado hasta los 70,000 pesos.
Las empresas señaladas por los ciudadanos y transportistas afectados son: «Grúas Grumex», «M2» y «Méndez» por incurrir en cobros excesivos, falta de facturación, daños a las unidades y presunto robo de pertenencias.
Los transportistas acusan un sistema de colusión entre corporaciones de seguridad pública y grúas privadas, donde se «inventan» infracciones (como luces apagadas o aliento alcohólico inexistente) para remitir vehículos al corralón.
Los afectados aseguran que hay una falta de reglamento al respecto, insistieron que la ausencia de una aplicación estricta de una normatividad estatal ha permitido que las concesionarias fijen tarifas de forma arbitraria.
Hay que precisar que la autoridad responsable de la regulación, supervisión y control de la operación de grúas y servicios de arrastre en Xalapa es el Gobierno del Estado de Veracruz, a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Aunque también hay que señalar que la SEFIPLAN (Secretaría de Finanzas y Planeación) es la encargada de establecer y cobrar las tarifas oficiales, por los servicios de arrastre y corralón, buscando eliminar los cobros excesivos.
La percepción de que no existe un reglamento que norme la operación de grúas en Xalapa, Veracruz, se debe a una histórica falta de aplicación efectiva de la ley, vacíos normativos y complicidad entre empresas privadas y autoridades, lo que ha generado abusos sistemáticos en el cobro de arrastres y corralones.
Aunque existen leyes estatales de tránsito, las empresas de grúas han operado durante años bajo una «anarquía», regulada por la corrupción, donde las grúas privadas actúan en complicidad con la Dirección de Tránsito estatal
Este miércoles el presidente nacional de la Federación de Transportistas México-Americana de Carga, Pasaje y Turismo A.C. (FETRAMEX), Ángel Navarro, encabezó una conferencia de prensa en Veracruz para denunciar presuntos cobros excesivos en servicios de grúas, además de exponer la situación de inseguridad que enfrenta el sector transportista en el país.
Durante su intervención, Navarro señaló que la organización detectó un caso reciente en el que a un transportista —conocido como “hombre camión”— se le pretendía cobrar hasta 78 mil pesos por el servicio de grúa, cuando, de acuerdo con la gaceta oficial, el monto debería rondar los 19 mil 400 pesos.
“Para un hombre camión, tener su unidad detenida es prácticamente la quiebra. Por eso se tuvo que pagar para liberar el vehículo, pero vamos a seguir el proceso”, afirmó.
El dirigente explicó que, tras revisar la normativa estatal —incluida la Ley 1589— y compararla con reglamentos federales, detectaron inconsistencias en los cobros aplicados.
Asimismo, hizo un llamado al Gobierno del Estado para trabajar en un nuevo reglamento de grúas, que sea claro, justo y acorde a la ley federal:
“Ninguna ley estatal puede estar por encima de la federal. Necesitamos reglas claras que eviten abusos”.
También invitó a ciudadanos, usuarios y abogados a sumarse a este esfuerzo para denunciar irregularidades y evitar que estos casos queden únicamente en conciliaciones.
Ángel Navarro reiteró que la organización busca soluciones mediante el diálogo:
“Venimos a hacer amigos, no a pelear. Pero tampoco nos vamos a quedar callados ante los abusos”.
Van a dar seguimiento legal al caso denunciado y continuará trabajando para mejorar las condiciones del sector transportista en Veracruz y en todo el país.
Es posible que la gobernadora no esté enterada de esa anómala situación, considerando la medida que dicto a su llegada al Gobierno del Estado, pero algunos de sus sub alternos no han podido entender el respeto y respaldo que ella ofreció a los empresarios del transporte.
La queja es muy clara y solo solicitan los afectados que se reconsidere esa situación, estableciendo nuevas reglas que no puedan ser violadas por ningún abusador de esos que todos conocemos.