El veracruzano Rubén Ricaño, recibe el Premio Nacional a la Excelencia Municipal 2020 y 2025

Lo que dijo Rubén Ricaño Escobar en la ceremonia en que le fue entregado el reconocimiento:

México no necesita un “Plan B”, necesita una reforma municipal de verdad

Hay decisiones que no solo revelan una postura política, sino el tamaño de la comprensión que se tiene sobre un país. Y hay momentos en los que esa comprensión —o su ausencia— queda expuesta sin matices. México vive hoy uno de esos momentos.

Se ha presentado ante el Congreso una iniciativa que pretende venderse como una reforma necesaria, casi histórica. Se le ha envuelto en un discurso atractivo: austeridad, eficiencia, eliminación de privilegios, fortalecimiento de los municipios. Palabras que conectan, que seducen, que apelan a un hartazgo legítimo de la sociedad. Pero hay algo profundamente inquietante cuando el lenguaje suena bien y la realidad no cambia Reducir regidores. Limitar sindicaturas. Ajustar estructuras. La propuesta se mueve en ese terreno. Y ahí, precisamente ahí, queda atrapada.

Porque lo que se está planteando no es una transformación del municipio mexicano, sino una simplificación administrativa presentada como reforma estructural. Es un gesto. Y México no necesita gestos. México necesita entenderse. Porque el problema no está en cuántos regidores hay. El problema está en quién tiene el poder. Y en México, el poder no se mide en discursos, se mide en dinero. Ahí comienza la verdad que nadie quiere decir con claridad. En el municipio ocurre todo. No en los grandes recintos legislativos, no en los informes nacionales, no en la retórica de las cúpulas. Ocurre en la calle, en la colonia, en la comunidad. Ocurre cuando hay agua o cuando no la hay. Cuando la basura se recoge o se acumula. Cuando la seguridad se siente o se pierde. Ahí, en ese espacio concreto, vive el Estado. Y, sin embargo, ese mismo espacio es el más débil de todos. No por falta de responsabilidad. Por falta de poder real.

México ha construido un modelo profundamente centralizado donde la Federación concentra la mayor parte de la recaudación nacional. Los estados reciben una parte. Y los municipios —donde la vida sucede— sobreviven con lo mínimo: el predial, algunos derechos, algunos ingresos marginales que resultan ridículos frente a la magnitud de sus obligaciones. Se repite, casi como un mantra, que somos una república federal. Pero en los hechos, lo que existe es otra cosa: un sistema donde el centro recauda, decide y distribuye, mientras el municipio ejecuta, gestiona y depende.

El municipio es libre en la Constitución. Pero es dependiente en la práctica. Y eso no es un detalle técnico. Es el corazón del problema. Por eso resulta tan grave que la iniciativa presentada ignore completamente esta realidad. Porque lo que se propone no toca el sistema de coordinación fiscal, no amplía las potestades tributarias municipales, no redefine la distribución del ingreso público nacional. No mueve una sola pieza del tablero donde realmente se juega el poder. Se habla de generar ahorros para destinarlos a la gente. Pero no existe un solo mecanismo claro, obligatorio y verificable que garantice que esos recursos lleguen efectivamente a los municipios ni que se traduzcan en mejores servicios, en más infraestructura, en mayor bienestar.

Se promete, pero no se estructura. Se anuncia, pero no se garantiza. Y eso no es una reforma. Es una narrativa.

Peor aún, al reducir la integración de los cabildos, se corre el riesgo de empobrecer la representación democrática en el nivel más cercano a la ciudadanía. Menos voces. Menos contrapesos. Más concentración de decisiones. Se invoca la eficiencia, pero se puede estar debilitando la democracia local.

Se habla de ahorro, pero se ignora el costo institucional. Es, en esencia, un parche. Un parche mal pegado sobre una estructura que lleva décadas necesitando una reconstrucción profunda.

México no necesita recortar piezas. Necesita rediseñar el sistema. Necesita asumir, de una vez por todas, que no habrá municipios fuertes sin haciendas municipales fuertes. Que no se puede exigir resultados a quienes no tienen los medios para lograrlos. Que no hay gobernanza posible donde hay dependencia estructural. Si en el municipio ocurre todo, entonces ahí debe estar una parte sustantiva del poder fiscal. Al menos la mitad del ingreso público nacional debería llegar a los municipios. No como transferencia condicionada, no como concesión política, sino como un principio básico de equilibrio republicano. Solo así el municipio dejaría de ser un administrador de recursos ajenos para convertirse en un verdadero gobierno.

Pero el dinero, por sí solo, no resuelve nada. Se requiere institucionalidad. Planeación estratégica. Evaluación del desempeño. Profesionalización del servicio público. Sistemas modernos de gestión. Disciplina financiera. Estado de derecho local.

Más recursos sin institucionalidad generan ineficiencia. Más institucionalidad sin recursos generan impotencia. La reforma que México necesita debe comprender ambas dimensiones. Y debe ir aún más lejos. Debe repensar la democracia local, permitiendo que quienes integran los cabildos sean electos directamente por la ciudadanía, fortaleciendo su legitimidad y su vínculo con la sociedad.

Debe revisar la organización territorial del país, corrigiendo absurdos históricos que hoy obligan a miles de personas a recorrer horas —incluso cruzando otros municipios— para acceder a su propia cabecera municipal. Debe reconstruir el pacto fiscal, redefinir competencias, equilibrar el poder. Nada de eso está en lo que hoy se discute.

Lo que hay es una reforma que pretende parecer profunda sin serlo. Que se presenta como solución sin tocar las causas. Que confunde el ahorro con el fortalecimiento y la simplificación con la transformación. México no puede seguir posponiendo esta conversación. Porque el municipio no es una pieza menor del Estado. Es su raíz. Es el municipio el que hace a los estados y la unión de estados hacen a la federación.

El municipio es su punto de contacto con la realidad. Es donde la política deja de ser discurso y se convierte en vida cotidiana. Ahí se construye la confianza. Ahí se define la eficacia del gobierno. Ahí se sostiene —o se derrumba— la República. Y mientras no se entienda eso, seguiremos atrapados en reformas que cambian poco, dicen mucho y resuelven nada.