En su edición impresa del pasado viernes 13 de marzo, el diario La Jornada, el más afín al régimen de la 4T, publicó un desplegado de dos páginas completas firmadas presuntamente por todos los alcaldes morenistas del país, los cuales expresaron su “total respaldo” al “Plan B de la Presidenta Claudia Sheinbaum” que, por cierto, anoche, tras una reunión en la Secretaría de Gobernación, las dirigencias nacionales del PT y PVEM pactaron aprobar en ambas cámaras del Congreso de la Unión.
En el texto, de apenas tres párrafos, los ediles expresaron:
“Las y los presidentes municipales democráticos y militantes de Morena manifestamos nuestro irrestricto apoyo a la Presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y a su propuesta de Reforma Constitucional, que busca fortalecer y hacer más eficiente la vida democrática en los municipios del país.
“La doctora Sheinbaum Pardo es una presidenta con visión municipalista, que conoce plenamente las necesidades, así como la operación social, política y económica de los municipios.
“Por ello, compartimos con ella la convicción de que no puede existir gobierno rico con pueblo pobre, y reafirmamos nuestra solidaridad con la idea de obtener la mayor cantidad posible de recursos públicos para destinarlos e invertirlos en obra pública e infraestructura social, con la certeza de que, a través de estas acciones, es posible elevar la calidad de vida de la ciudadanía en general”.
El manifiesto de más de un millar de ediles de Morena lo motivó el pronunciamiento de la Presidenta, quien luego de que fuera desaprobada la reforma electoral por la Cámara de Diputados, anunció su Plan B cuyo pilar es ir contra el gasto existente en Congresos locales y municipios del país con el fin de redirigir esos recursos a las necesidades del pueblo.
Sheinbaum recordó que ella se comprometió a que iba a enviar una reforma que tuviera que ver con lo que pedía la gente, “y yo cumplí”. Y, al explicar en qué consiste el Plan B, dijo que “en seguir disminuyendo los privilegios” que persisten en los Congresos locales y en municipios, así como en el Congreso de la Unión, donde el Senado tiene más recursos que la Cámara de Diputados.
En cuanto a los ayuntamientos, la Jefa del Ejecutivo federal citó los casos de Monterrey, Puebla y Acapulco, que tienen 28, 23 y 20 regidores, respectivamente.
“¿Ustedes creen que realmente se necesiten tantos regidores? Hay municipios que tienen tres síndicos, que son los tesoreros, digamos. ¿Para qué tienen tres? Y la verdad es que el país no lo necesita.
“Entonces, por ejemplo, si Monterrey tuviera 10 regidores, ¿a dónde se iría ese recurso? al municipio, para obra pública. Si Acapulco tiene 20 regidores y le ponemos un límite ¿A dónde iría ese recurso? A obra pública del municipio. Porque sí, somos una República federativa y los estados son autónomos, y somos parte de una República, pero lo que no puede haber son excesos. Y luego regidores que ganan más que la Presidenta, aún todavía, porque formalmente tienen salarios de 20 mil pesos, pero es el bono y el apoyo para el no sé qué, y el apoyo para el no sé cuánto, y el apoyo para el no sé cuánto más, y acaban con salarios de 500 mil pesos mensuales”, señaló.
La Presidenta adelantó que el Plan B de la reforma electoral la enviará este lunes al Congreso. “Y yo espero pues que pase. Si no pasa, tampoco pasa nada. Pero nosotros tenemos un mandato y una convicción y un principio. A nosotros no se nos olvida de dónde vinimos”, añadió.
De ahí se valió Adolfo Cerqueda Rebollo, el reelecto alcalde mexiquense de Nezahualcóyotl, para insertar en el diario capitalino el desplegado firmado supuestamente por más de un millar de munícipes morenistas de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Chihuahua, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas… y Veracruz.
Lo cuestionable es que más del centenar de alcaldes veracruzanos de Morena cuyos nombres aparecen en el desplegado, ¡son los que gobernaron hasta el 31 de diciembre del año pasado! Entre ellos destacan los exalcaldes Alberto Islas Reyes, de Xalapa; Amado Cruz Malpica, de Coatzacoalcos; Carmen Medel Palma, de Minatitlán; Raymundo Andrade Rivera, de Coatepec; Celestino Pino Guevara, de Papantla; Óscar Guzmán de Paz, de Pánuco; Juan José Rosario Morales, de Catemaco; Érick Ruiz Hernández, de Emiliano Zapata; Juan Martínez Flores, de Córdoba; Gustavo Sentíes Hernández, de Cosamaloapan; María Elena Solana Calzada, de San Andrés Tuxtla; Marcos Isleño Andrade, de Medellín de Bravo; Javier Hernández Candanedo, de Misantla; María Esther López Callejas, de Actopan; José Noé Castillo Olvera, de Agua Dulce, y otras decenas más que salieron inexplicablemente enriquecidos y que tienen todavía cuentas pendientes por aclarar ante el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).
Sin embargo, hasta ayer, nadie se percató de tan torpe pifia. Y el alcalde mexiquense de Ciudad Neza, Adolfo Cerqueda Rebollo, quien firma como responsable de la publicación, tampoco se preocupó por insertar en el diario cuatroteísta la obligada fe de erratas.
LA JORNADA DEDICA SU EDITORIAL AL ECOCIDIO EN PLAYAS DE VERACRUZ
Por cierto, en su edición impresa de ayer domingo, el diario La Jornada dedicó su editorial al derrame de hidrocarburo en las playas del sur de Veracruz. Titulado “Chapapote: remediar y esclarecer”, el texto del periódico capitalino más afín a la 4T dice así:
“Desde el pasado 2 de marzo, pobladores de municipios costeros de Veracruz han denunciado la presencia de chapopote (petróleo crudo expuesto al aire) en las playas, en el mar y en diversas lagunas. Al principio, el hidrocarburo se detectó en municipios cercanos a Coatzacoalcos, pero las corrientes marítimas ya lo esparcieron por una franja de al menos 230 kilómetros que va del puerto de Veracruz al oriente de Tabasco. En ese lapso, el derrame ha afectado a comunidades dedicadas a la pesca y al turismo, además de provocar daños desconocidos al medio ambiente de una zona de enorme biodiversidad que incluye áreas naturales protegidas y áreas de desove de tortugas.
“Además de los daños económicos, ecológicos y a la salud humana, lo más preocupante es que a casi dos semanas de los primeros reportes y hasta 25 días en que se estima pudo producirse el vertido, no existe ninguna versión oficial sobre los hechos e informe a la ciudadanía sobre el necesario establecimiento de responsabilidades. Hasta el momento, lo más cercano a una explicación formal son las declaraciones de la gobernadora Rocío Nahle, quien primero atribuyó el percance a “una chapopotera” y luego ha sostenido que proviene de un barco petrolero localizado en aguas del vecino estado de Tabasco, el cual realizaba tareas de exploración para una empresa privada cuando sufrió un derrame. De acuerdo con la mandataria, el chapopote se descubrió primero en Veracruz debido a las corrientes marítimas del Golfo de México.
“La también ex secretaria federal de Energía apuntó que la compañía causante de la contaminación obtuvo contratos para explotación y exploración en el ámbito petrolero durante el sexenio del priísta Enrique Peña Nieto gracias a la reforma energética privatizadora aprobada en 2013, pero no identificó a la empresa ni aclaró si ya se emprendió algún procedimiento para sancionarla. Tampoco dio cuenta de por qué hasta ahora todos los trabajos de limpieza y remediación han quedado a cargo de los habitantes y del sector público. En ese sentido, los pobladores denuncian la tardanza de las autoridades de los tres niveles de gobierno para apersonarse en las regiones damnificadas y retirar el hidrocarburo: apenas antier se emitió un comunicado conjunto en el que instancias federales informan de “coordinación interinstitucional” y respaldan la versión de que los incidentes ‘no se han vinculado con operaciones de Pemex (Petróleos Mexicanos)’, pero no señalan su origen ni causas.
“La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no ha divulgado si la empresa supuestamente responsable le informó lo ocurrido, como está obligada por ley toda institución implicada en este tipo de eventos. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tampoco informa de ninguna acción al respecto. En suma, además de acelerar los trabajos de limpieza y contener la expansión de la mancha de hidrocarburo, es urgente esclarecer cómo se produjo el derrame, quiénes son los responsables directos e indirectos y, ante todo, tomar todas las medidas necesarias para poner fin a la inadmisible recurrencia de desastres que ponen en riesgo a las personas, el medio ambiente y el sustento de las comunidades.”
Por lo que se ve, aparte de las dependencias estatales que tendrían que ver directamente con la atención de este desastre ecológico, parece que tampoco la comunicación institucional le sigue funcionando a la administración de la gobernadora Rocío Nahle.
Imagen de portada: Adolfo Cerqueda Rebollo, presidente municipal de Nezahualcóyotl
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