marzo 8, 2026

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Balance del Nuevo Poder Judicial

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El balance del Nuevo Poder Judicial en México es crítico a seis meses de su operación: la productividad de la SCJN cayó 44.5%, inversionistas evitan tribunales optando por arbitraje, jueces electos cometen errores procesales graves por falta de especialización, y hasta legisladores de Morena proponen posponer 50% de la elección judicial pendiente de 2027, mientras la independencia judicial permanece cuestionada por la percepción de politización del sistema.

Productividad y Rezago Judicial, la nueva integración de la Suprema Corte resolvió 647 asuntos entre septiembre y noviembre de 2025, representando una caída de 44.5% respecto a la conformación anterior, debido a que ahora funciona únicamente en Pleno con nueve ministros en lugar de salas especializadas. Este rezago se extiende a tribunales federales donde nuevos jueces electos muestran improductividad persistente, acumulando expedientes sin resolución oportuna y generando backlog que afecta el acceso efectivo a la justicia.

Errores y Falta de Especialización de Jueces, los 881 jueces electos en 2025 enfrentan críticas generalizadas por errores flagrantes en audiencias iniciales: hasta la fecha los errores más graves han sido la del juez Carlos Zetina vinculó a proceso sin escuchar desahogo de pruebas, cuya consecuencia son nulidades potenciales, violación de derechos del inculpado; Un error radicó en que la Ministra María Estela Ríos sostiene que Tribunal no debe revisar constitucionalidad de leyes, lo cual generó la confusión sobre facultades de la SCJN vs Legislativo; esta también el caso de Jueces sin conocimiento de jurisprudencia aplican criterios contradictorios lo cual redunda en inseguridad jurídica, quienes han emitido fallos erráticos ; en el sentido administrativo lo es que jueces renuncian a las dos semanas de tomar protesta y cuya consecuencia ha Vacíos operativos, necesidad de nuevas elecciones.

La falta de preparación es tan grave que los nuevos juzgadores iniciaron cursos de especialización emergentes para solventar carencias básicas, reconociendo implícitamente que los comités de evaluación establecieron requisitos demasiado bajos y no verificaron diligentemente el cumplimiento de postulantes.

La incertidumbre entre Inversionistas y Empresarios ha tenido también impacto económico es severo: empresas que operan en México evitan recurrir a tribunales, optando por arbitraje o mediación ante la incertidumbre jurídica. Según Coparmex, los niveles de inversión se ubican en rangos similares a los observados durante la pandemia, reflejando desconfianza estructural.

Factores clave de incertidumbre, falta de Estado de derecho pasó del tercer al segundo lugar entre factores que afectan negocios en México, solo detrás de la delincuencia, según encuesta de Banxico a especialistas del sector privado (2023-2025).​

La reforma judicial carece de certidumbre según percepción empresarial, frenando proyectos de inversión o poniéndolos en pausa ante dudas sobre solidez de resoluciones.

Decisiones plagadas de errores flagrantes o aparentes sesgos disuaden a empresas de presentar demandas, mientras inversiones se retrasan por dudas sobre cumplimiento de contratos.​

La iniciativa de revisar casos concluidos genera inestabilidad jurídica al reabrir controversias resueltas, creando precedente de que ninguna sentencia es definitiva. Esto viola principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, esenciales para contratos comerciales y derechos adquiridos. Empresarios temen que cambios políticos futuros invaliden fallos favorables, desincentivando litigio formal y favoreciendo mecanismos alternativos fuera del sistema judicial mexicano.

Las propuestas desde Morena para suspender Elección 2027, voces al interior del partido oficial reconocen deficiencias y plantean posponer la elección judicial: Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en Diputados, propuso posponer 50% de la elección judicial pendiente (jueces, magistrados y Sala Superior del Poder Judicial), manteniendo el voto directo pero cambiando el esquema de evaluación para que la Escuela Nacional Judicial tenga preeminencia en la evaluación de candidatos.​

Algunos morenistas contemplan aplazar de junio 2027 a junio 2028 o más allá, reconociendo que la implementación actual tiene retrasos y deficiencias estructurales.​

El INE y magistrados electorales también han propuesto revisar la fecha, ante la imposibilidad de garantizar procesos idóneos con comités de evaluación desacreditados.

Independencia del Poder Judicial frente al Ejecutivo, la independencia judicial permanece formalmente vigente pero sustantivamente cuestionada: La postura oficial del gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la reforma “significa más autonomía e independencia” al ser jueces electos por el pueblo, rechazando que el Ejecutivo controle la Corte.​

La presidenta tildó de “falsos” señalamientos sobre amenazas al Poder Judicial, argumentando que es defensa del “viejo régimen” frente a un “pueblo empoderado”.​

Realidad operativa La percepción de menor independencia en fallos ha ahuyentado inversión, según Coparmex.​

Especialistas identifican “intento de captura del poder judicial” como uno de los cinco grandes errores de la reforma, al politizar selección de jueces mediante elección popular sin filtros técnicos robustos.​

Ministros de la nueva SCJN muestran alineación discursiva con el proyecto de la 4T, generando dudas sobre imparcialidad en controversias del Ejecutivo vs particulares.​

En consideración de lo anterior, los escenarios futuros es la suspensión parcial elección 2027 (50%), con una alta probabilidad, pues Morena incluso es quien esta impulsando esta iniciativa, su impacto podría ser positivo pues mejora calidad de jueces pero mantiene cuestionamientos democráticos.

Para el caso del rezago acumulado durante dos años hay una probabilidad media a alta, su impacto podría ser colapso operativo, más arbitraje internacional; también podría darse la fuga de inversiones por inseguridad jurídica con una probabilidad media, pues ya se encuentra en desarrollo y su impacto podría ser en crecimiento económico y en empleo formal. Por último en el caso de una nueva Reforma correctiva 2026-2027, se tiene una probabilidad baja, pues requiere el consenso de la oposición con un impacto que restauraría filtros técnicos pero reconocería errores de diseño

El balance es negativo, el Nuevo Poder Judicial enfrenta crisis de legitimidad por falta de especialización, productividad colapsada, desconfianza empresarial generalizada y cuestionamientos internos desde el propio partido gobernante, mientras la independencia judicial permanece en entredicho por percepciones de politización que ya impactan la inversión y el estado de derecho.

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cacostabravo@yahoo.com.mx

Maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Formó parte  del cuerpo académico en comunicación en la Ibero y en la Universidad Anáhuac, campus norte CDMX.

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