Posesionarios de parcelas del Ejido Santa Ana Atzacan recurren al Tribunal Agrario para exigir nulidad de contratos fraudulentos

• Desde el 2016 empresarios orizabeños con el apoyo de abogados y jueces corruptos pretenden despojarlos de sus propiedades.

Irineo Pérez Melo.- Atzacan, Ver.- Posesionarios de las parcelas ejidales 194 Z-1P1/2 y 195 Z-1 P1/2 del ejido de Santa Ana Atzacan de este municipio, demandaron ante el Tribunal Agrario del XXXI Distrito de Xalapa, Veracruz la nulidad plena y absoluta de dos contratos fraudulentos de fecha 21 de junio de 2016, que fueron avalados por jueves incompetentes en materia agraria.
Paulino López Anzures, representante de los posesionarios y uno de los afectados, expresó que se integró el expediente 528/2025, en donde se establece que los únicos titulares de las parcelas 194 Z-1 P1/2 es Ricardo Florencio Ortega Vásquez, y de la parcela 195 Z-1 P1/2 es Baldomero Vargas Corona.
Explicó que una vez que los antes mencionados obtuvieron dominio pleno de las parcelas realizaron la Primera enajenación, conforme a la Ley Agraria, a favor de las hoy también victimas Paulino López Anzures y Sthefany Garcia López, pero que la incompetencia de jueces civiles y sin criterio jurídico, determinaron sentencias fraudulentas civiles que violaron la Ley agraria, avalando contratos maquinados para beneficiar al empresario Orlando “N” con un falso vendedor de nombre Alex “N”.
Dio a conocer que el señor Orlando N´ y Alex N´, dicen estar protegidos por autoridades judiciales del Estado de Veracruz y exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que propició que el 21 de Noviembre del año 2023, acompañado de aproximadamente 30 individuos y maquinaria pesada, obligaron violentamente a los propietarios y posesionarios de dichas parcelas a salir.
Los posesionarios atemorizados vieron como derrumbaron, en su presencia, viviendas, linderos, cimientos y obstaculizando servidumbres de paso, afectando el único patrimonio familiar de diversas personas, así como un proyecto de lotificación de interés social donde más de 50 familias ya se encontraban en posesión y se encuentran afectando su patrimonio. Saliendo de las parcelas por temor a ser agredidos.
También manifiestan temor fundado por posibles actos ilícitos en las parcelas y señalan que vecinos ejidatarios han observado movimientos y la instalación de cámaras de vigilancia en sus parcelas. Asimismo, entrada y salida de personas vestidas con uniforme de militares, situación que les causa incertidumbre y que temen que en las parcelas de referencia se cometan actos ilícitos, máxime que estas parcelas se encuentran a la entrada de Santa Ana Atzacan, con domicilio en Carretera-Orizaba-Atzacan del Ejido de Santa Ana Atzacan, Municipio Atzacan, Veracruz.
Los denunciantes acusaron que jueces civiles, magistrados y ministros que tuvieron conocimiento de contratos privados fraudulentos firmados por personas extrañas a la titularidad de las parcelas ejidales, avalaron esas acciones con sentencias fraudulentas. Además, se señala la actuación ilícita de una actuaria, omisiones en diligencias y la presunta existencia de informes falsos enviados a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
De igual maneral, los denunciantes sostienen que la creación o simulación de contratos ilícitos elaborados por abogados que forman parte de un cartel inmobiliario ha generado sentencias fraudulentas para favorecer a personas ajenas a la titularidad de dichas parcelas ejidales.
Asimismo, señalan a exjueces corruptos y plantean que, para combatir la corrupción en los juzgados de Orizaba, Veracruz, es necesario el cambio de adscripción de personal vinculado con exjueces denunciados, así como revisar actuaciones relacionadas con contratos privados fraudulentos que afectan a víctimasy titulares de parcelas del mencionado Ejido.
Finalmente, comentaron que al recurrir al órgano agrario es para evitar ser despojados de sus predios por personas sin escrúpulos, quienes con el apoyo de jueves y abogados corruptos, en clara violación a la Ley Agraria, Civil y Penal, maquinan y simulan contratos con firmas apócrifas, burlando la ley y favorecer a la gente que los contrata.