Xalapa, Ver.- La exdirectora general de administración del Poder Judicial de Veracruz, Joana Marlen Bautista Flores, fue inhabilitada por un periodo de 10 años para ejercer cualquier cargo público debido a un daño patrimonial significativo ocasionado mediante la contratación irregular de bienes y servicios.
La resolución, derivada del expediente 29/2024-II, fue emitida por el pleno del Consejo de la Judicatura en septiembre de 2024 y estará vigente hasta noviembre de 2034. Esta medida afecta también a otros funcionarios, como Manuela Saldaña Río, exdirectora general de administración; y Elvis Viveros Arroyo, exjefe del departamento de servicios generales del Poder Judicial, quienes fueron señalados como cómplices en las irregularidades administrativas.
La sanción, notificada a través de la plataforma digital del Sistema Nacional Anticorrupción, fue respaldada por la negativa de un amparo solicitado por Bautista Flores. El 31 de octubre de 2024, un juez federal desestimó la suspensión provisional bajo el argumento de que su inhabilitación responde al interés social y público, al excluir a servidores públicos considerados no idóneos para sus funciones. Posteriormente, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa declaró infundada la queja presentada por Bautista el 11 de noviembre, haciendo la inhabilitación procedente e inapelable.
Además de estas sanciones administrativas, la presidenta del Poder Judicial de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, informó sobre la presentación de cuatro denuncias penales en febrero de 2024. Estas denuncias incluyen cargos por abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y peculado, cometidos en 2023 durante la gestión de Bautista Flores como administradora del Poder Judicial. Según una auditoría interna de la Contraloría del Poder Judicial, se detectaron empresas no localizables o “fantasmas” que obtuvieron contratos por más de 50 millones de pesos.
Entre las irregularidades señaladas se identificaron más de 30 observaciones y recomendaciones no solventadas, así como actos como la sustracción de mobiliario y administración fraudulenta. Las empresas presuntamente involucradas, como Crisan Tecnologías Móviles, Proveeduría y Servicios Cafha, y Alecasser Comercializadoras, destacan por haber recibido contratos multimillonarios pese a su reciente creación y falta de localización.
A estos hallazgos se suma una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por un daño patrimonial de 82 millones de pesos en fondos federales durante el ejercicio fiscal 2021, también atribuido a la gestión de Bautista Flores.
Hay que recordar que Joana Marlen Bautista Flores asumió el cargo en el Poder Judicial el 6 de agosto de 2020 y permaneció en el puesto hasta septiembre de 2023. Antes de ello, trabajó en el sector bancario y, posteriormente, como secretaria particular de Eleazar Guerrero, lo que marcó el inicio de su carrera en la administración pública. Su trayectoria ha sido objeto de múltiples cuestionamientos debido a las acusaciones de manejo irregular de recursos públicos y presuntos actos de corrupción.
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