Xalapa, Ver. – La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) instruyó a la Fiscalía General del Estado (FGE), encabezada por Verónica Hernández Giadáns, aceptar en sus términos la Recomendación 026/2023 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV), la cual señala que personal de la Fiscalía vulneró los derechos a la legalidad y seguridad jurídica de una víctima de desaparición y otras cuatro personas afectadas.
Esta resolución llega después de que la FGE rechazara la recomendación, una postura que, según la CNDH, ha sido sistemática en la gestión de Hernández Giadáns.
FGE obligada a acatar resolución en un plazo de 15 días
La CNDH emitió la Recomendación 8/2025, en la que ordena que, en un plazo de 15 días hábiles a partir de su aceptación, la Fiscalía realice las acciones necesarias para acatar la Recomendación 026/2023 y envíe pruebas de su cumplimiento.
En caso de que la FGE continúe negándose, la CNDH enviará el caso a la CEDHV, con el fin de que esta última requiera a la fiscal Hernández Giadáns fundamentar públicamente su rechazo y, de ser necesario, solicite su comparecencia ante el Congreso del Estado.
CNDH exige garantizar reparación del daño a las víctimas
La CNDH también ordenó que la Fiscalía emita, en un plazo de dos meses, una circular dirigida a su personal, instruyéndolos a:
🔹 Cumplir en tiempo y forma con la Recomendación 026/2023.
🔹 Colaborar plenamente con la CEDHV en todas las recomendaciones emitidas por violaciones a derechos humanos.
🔹 Garantizar a las víctimas el derecho a una reparación integral del daño.
FGE, señalada por tercera vez en el año por violaciones a derechos humanos
Esta es la tercera ocasión en 2025 en que la CNDH reprende a la FGE por vulnerar el derecho a la seguridad jurídica y el acceso a la justicia, lo que refuerza las críticas sobre la falta de compromiso de la Fiscalía con el respeto a los derechos humanos en Veracruz.
La resolución de la CNDH pone a la Fiscalía en la mira y deja abierta la posibilidad de que la titular de la FGE tenga que rendir cuentas ante el Congreso local si persiste en ignorar las recomendaciones.
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