YouTube admite presión de la administración Biden para censurar creadores de contenido sobre Covid y elecciones; ofrece reinstalar canales eliminados

Washington, D.C.– En un giro significativo para el debate sobre la libertad de expresión en internet, Alphabet, la empresa matriz de Google y YouTube, ha admitido públicamente que la administración de Joe Biden ejerció “presión inaceptable y errónea” para censurar contenido generado por usuarios sobre la pandemia de Covid-19 y la integridad de las elecciones, incluso cuando dicho material no violaba las políticas internas de la plataforma. Como respuesta a una investigación liderada por republicanos en el Congreso, YouTube anunció que ofrecerá a miles de creadores, en su mayoría conservadores, la oportunidad de reinstalar sus canales permanentemente eliminados por supuestas violaciones relacionadas con estos temas.

La revelación surgió en una carta enviada al Comité Judicial de la Cámara de Representantes, dirigida por el republicano Jim Jordan de Ohio, como parte de una pesquisa iniciada en 2023 sobre la supuesta colusión entre el gobierno federal y las grandes tecnológicas para suprimir voces disidentes. Según el documento, “funcionarios senior de la administración Biden, incluyendo del Departamento de Estado y la Casa Blanca, realizaron un alcance repetido y sostenido a Alphabet y presionaron a la compañía respecto a cierto contenido generado por usuarios relacionado con la pandemia de Covid-19 que no violaba sus políticas”. La carta califica estas acciones como “inaceptables y erróneas”, enfatizando que Google “luchó consistentemente contra esos esfuerzos en base a la Primera Enmienda”.

Entre los afectados figuran figuras prominentes del espectro conservador, como el exestratega de Trump Dan Bongino –cuya cuenta era una de las más seguidas en YouTube antes de su baneo por cuestionar la efectividad de las mascarillas durante la pandemia–, Steve Bannon y Sebastian Gorka. Estos creadores fueron expulsados por “violaciones repetidas” de las directrices comunitarias de YouTube sobre desinformación en Covid-19 y elecciones, políticas que la plataforma ha revisado recientemente para permitir “un rango más amplio de contenido” en estos temas.

La admisión de YouTube se produce en un contexto de escrutinio bipartidista, aunque impulsado principalmente por republicanos, que han documentado patrones similares en otras plataformas. En 2024, Mark Zuckerberg, CEO de Meta (dueña de Facebook e Instagram), reveló en una entrevista con Joe Rogan que la administración Biden “presionó repetidamente” a su empresa para eliminar humor, sátira y otros contenidos sobre Covid-19, calificándolo de “equivocado”. Estos episodios han sido vinculados al caso judicial Murthy v. Missouri, donde tribunales inferiores describieron las acciones federales como un “Ministerio de la Verdad orwelliano”, aunque la Corte Suprema desestimó el caso por cuestiones procesales.

En ese sentido, Jim Jordan celebró el anuncio como una “victoria masiva para la libertad de expresión” en un hilo publicado en X (anteriormente Twitter), destacando que “durante los años Biden-Harris, bajo presión de la Casa Blanca, YouTube cambió sus políticas para censurar el debate político sobre Covid y elecciones”. El congresista republicano subrayó que la investigación del comité, que incluyó citaciones en febrero de 2023 y marzo de 2025, obligó a Google a revertir decisiones de censura “alineadas con objetivos políticos”.

Expertos en libertad de expresión advierten que este caso resalta tensiones crecientes entre el gobierno y las tecnológicas, especialmente con regulaciones europeas como la Ley de Servicios Digitales (DSA), que Google critica por amenazar el discurso estadounidense al exigir la remoción de “contenido legal”.

YouTube, en su compromiso, no detalló un plazo exacto para las reinstalaciones, pero prometió “proporcionar una oportunidad a todos los creadores para reincorporarse a la plataforma si sus canales fueron terminados por violaciones repetidas de políticas sobre Covid-19 y la integridad electoral que ya no están en vigor”. La plataforma también se distanció de los “verificadores de hechos de terceros”, afirmando que nunca más dependerá de ellos para moderar contenido.

Este desarrollo podría marcar un punto de inflexión en la batalla por la moderación de contenidos en redes sociales, donde la línea entre la protección contra la desinformación y la supresión de disenso ha sido difusa. Con las elecciones de 2026 en el horizonte, analistas predicen un mayor escrutinio sobre cómo las plataformas equilibran la expresión libre con la verificación de hechos en un ecosistema inundado por inteligencia artificial y narrativas polarizadas.