Vuelven a manifestarse docentes en la SEV, zona Xalapa; exigen la entrega de recursos de tiendas escolares

Xalapa, Ver.— A casi un año sin recibir los recursos generados por las tiendas escolares, directores, supervisores y jefes de sector de Escuelas Secundarias Generales, Técnicas y Telesecundarias de la región Xalapa se manifestaron nuevamente en busca de respuestas por parte de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).

Los docentes, pertenecientes a la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), acudieron este lunes a las oficinas centrales de la SEV con la intención de dialogar con la titular del organismo, Claudia Tello Espinoza. Sin embargo, se les informó que no se encontraba en el lugar, por lo que optaron por trasladarse al Palacio de Gobierno para entregar un oficio con sus demandas.

Julio Muñoz Díaz, jefe de sector en Xalapa, denunció que desde agosto de 2024 los recursos provenientes de las tiendas escolares no han sido entregados a numerosos planteles, y en algunos casos sólo se ha otorgado de forma parcial. Esta omisión ha afectado gravemente el mantenimiento y operación básica de las escuelas.

“Muchas escuelas presentan deterioro por falta de recursos. Lo generado por las tiendas escolares está retenido y eso impide atender necesidades urgentes como la compra de materiales de limpieza y rehabilitación de los edificios”, expresó el docente.

En el caso específico del Sector 03 de Secundarias Técnicas, que abarca planteles en municipios como Coatepec, Teocelo, Xico, Perote, Altotonga y Martínez de la Torre, son al menos 22 escuelas oficiales las afectadas. Según Muñoz Díaz, ninguna autoridad ha querido hacerse responsable de la situación.

La precariedad ha obligado a que sean las asociaciones de padres de familia quienes suplan el financiamiento en lo posible, pero los adeudos se acumulan y el desgaste es cada vez mayor. “La comunidad educativa está haciendo lo que puede, pero es insostenible sin los recursos que legítimamente les corresponden”, advirtió.

Finalmente, los inconformes consideraron que la actitud de las autoridades educativas es una falta de respeto hacia las y los docentes, así como hacia las madres y padres de familia que siguen sosteniendo a las escuelas. “Un servidor público tiene la obligación legal y ética de atender la problemática educativa. No es un favor, es su deber”, concluyeron.