En política, como en la vida pública, las renuncias suelen decir más por lo que callan que por lo que explican. Y en el caso del Ayuntamiento del puerto de Veracruz, la reciente dimisión del tesorero municipal apenas a poco más de tres meses y medio de iniciada la administración deja más preguntas que respuestas.
Porque una cosa es la narrativa oficial —siempre pulcra, siempre optimista— y otra muy distinta es la realidad que percibe la ciudadanía.
La administración municipal encabezada por la maestra Rosa María Hernández Espejo anunció esta semana que el Cabildo aprobó por unanimidad el nombramiento de un nuevo titular en la Tesorería Municipal, luego de la renuncia de José Luis Vargas Lugo, quien apenas había asumido el cargo al inicio del actual gobierno municipal.
Hasta ahí, el trámite administrativo parece rutinario.
Lo que no resulta rutinario es la ausencia total de explicaciones.
En el comunicado institucional se habla de un “ejercicio de continuidad institucional y compromiso con la transparencia”, frase elegante que, traducida al lenguaje ciudadano, significa exactamente lo contrario: se informa el cambio, pero no se explica el motivo.
En su lugar, el Ayuntamiento informó que el nuevo titular será Manuel Alejandro Serrano Trinidad, quien ya rindió protesta ante el Cabildo y asumió la responsabilidad de conducir las finanzas públicas del municipio bajo los principios de orden, eficiencia y rendición de cuentas.
Todo suena muy bien.
Demasiado bien, dirían algunos.
Porque cuando un funcionario clave abandona una responsabilidad tan sensible como la Tesorería Municipal a los pocos meses de haber iniciado funciones, lo mínimo que merece la sociedad es una explicación clara, puntual y transparente.
No se trata de morbo político.
Se trata de responsabilidad pública.
La Tesorería de un ayuntamiento no es una oficina cualquiera. Es el corazón financiero de la administración municipal: ahí se registran los ingresos, se autorizan los egresos, se ejecutan los presupuestos y se controla el manejo de los recursos públicos.
En otras palabras, es el lugar donde se decide cómo se gasta el dinero de los ciudadanos.
Por eso, históricamente, el cargo de tesorero municipal ha sido uno de los puestos más estratégicos dentro de cualquier gobierno local.
Basta recordar que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la responsabilidad de los municipios en la administración de su hacienda pública, mientras que la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz define con claridad las atribuciones del tesorero como responsable directo de la recaudación, custodia y administración de los recursos municipales.
No es un cargo menor.
Tampoco es un puesto improvisado.
Por eso sorprende —o debería sorprender— que un funcionario que apenas estaba iniciando su gestión decida separarse del cargo en un periodo tan corto sin que exista una explicación pública sobre las razones.
¿Motivos personales?
¿Diferencias administrativas?
¿Reacomodos políticos?
¿Presiones internas?
El comunicado oficial no lo dice.
Y cuando el poder público guarda silencio, inevitablemente la especulación ocupa el espacio que debería llenar la información.
El problema no es el cambio.
Los cambios en la administración pública son normales y, en ocasiones, necesarios.
El verdadero problema es la opacidad con la que se manejan.
En tiempos donde la confianza ciudadana hacia las instituciones es cada vez más frágil, los gobiernos deberían entender que la transparencia no se proclama en los comunicados: se practica explicando las decisiones.
Decir que todo forma parte de un “ejercicio de continuidad institucional” puede sonar muy bien en el discurso político, pero la continuidad real se construye con claridad, no con silencios administrativos.
La alcaldesa tiene la facultad legal de proponer a los titulares de las áreas estratégicas del Ayuntamiento y el Cabildo, como órgano colegiado, tiene la atribución de aprobarlos o rechazarlos.
Eso ocurrió formalmente.
Pero el procedimiento legal no sustituye la obligación ética de informar a la ciudadanía.
Sobre todo, cuando se trata del manejo del dinero público.
Manuel Alejandro Serrano Trinidad llega ahora a la Tesorería Municipal con el respaldo unánime del Cabildo y con la encomienda de conducir las finanzas del municipio bajo criterios de orden, eficiencia y rendición de cuentas.
Es una responsabilidad enorme.
Y también una oportunidad.
Porque más allá del discurso institucional, lo que realmente fortalece la credibilidad de un gobierno es la forma en que administra los recursos y la transparencia con la que rinde cuentas.
Veracruz, uno de los municipios más importantes del país por su peso económico, turístico y portuario, necesita administraciones municipales sólidas, responsables y abiertas al escrutinio público.
No administraciones que expliquen los cambios a medias.
Porque gobernar no es sólo tomar decisiones.
También es tener la valentía de explicarlas.
Porque cuando un tesorero se va en silencio y la autoridad responde con frases de boletín, la transparencia deja de ser un principio y se convierte en simple retórica administrativa.
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