Una elección popular no es sinónimo de democracia

En tiempos de una vorágine transformadora con mucha frecuencia escuchamos en el discurso oficialista que con la elección de jueces, magistrados y ministros México demuestra al mundo su vocación democrática. Sin embargo, en el plano de los hechos no es posible coincidir con esa retórica simplemente porque en sí misma una elección popular no garantiza calidad democrática, aceptarlo sería aceptar que en Venezuela, Cuba, Nicaragua la bandera de la democracia ondea en todo lo alto. Incluso en nuestro país habrá quien oponga resistencia a calificar de genuinamente democráticas las elecciones efectuadas durante la hegemonía priista. Sobre ese particular es conveniente señalar que efectivamente las denominadas elecciones de Estado eran lugar común antes de la aparición del IFE creado justamente para garantizar igualdad en la competencia y confianza en el resultado electoral. A partir de la creación de ese órgano electoral México se enrumbó hacia el despegue democrático y en solo una década logró la alternancia en la silla presidencial.

No obstante, el demérito infringido al Instituto Nacional Electoral (INE) al  restarle autonomía convirtiéndolo en agencia oficialista provoca un severo retroceso en los índices democráticos del país. En este contexto cabe la interrogante sobre si la denominada Transformación del país lleva inherente un retroceso institucional y político, porque ahora ni en el INE ni en el Tribunal Electoral se garantizan dictámenes estrictamente apegados al espíritu de la ley. Mal presagio porque nos recuerda que en la elección municipal veracruzana de 1988 (aún no había IFE), ante las encendidas protestas contra el fraude electoral, para evitar que escalara la inconformidad las autoridades estatales de ese entonces decidieron crear regidurías y sindicaturas para en ellas acomodar a los inconformes (sin haber participado en la elección), y de pilón se acordó la creación  de cuatro nuevos municipios: Nanchital, Agua Dulce, Tres Valles y El Higo, que aumentaban de 203 a 207 el total de municipalidades veracruzanas. Es decir, soluciones “democráticas” equivalentes a colocar la carreta delante de la yunta. Al parecer ahora en esas andamos.