Trabajadores jubilados exigen liquidación de sindicato y cumplimiento de derechos laborales

Xalapa, Ver. — Un grupo de jubilados y pensionados pertenecientes al Sindicato de Obreros y Artesanos de la Industria Cervecera y Complementarias se manifestó en el Palacio de Gobierno de Veracruz para exigir el cumplimiento de sus derechos laborales y la liquidación correspondiente tras la disolución del sindicato, ocurrida hace más de 10 años.

Encabezados por Ruperto Rojano Lezama, los manifestantes señalaron que, de acuerdo con los artículos 371, 372 y 373 de la Ley Federal del Trabajo y los estatutos del sindicato, al momento de la disolución debieron ser liquidados. Sin embargo, hasta ahora no han recibido lo que les corresponde.

Los ex trabajadores demandan la distribución de los bienes sindicales, entre los que destacan un edificio valuado en aproximadamente 300,000 millones de pesos y otras 13 propiedades, incluyendo oficinas, salones y estacionamientos. Según sus cálculos, cada miembro debería recibir un mínimo de cinco millones de pesos.

Los manifestantes acusan al ex secretario general del sindicato, Ignacio Rodríguez Téllez, de negarse a reconocer sus derechos y de manejar de manera opaca el patrimonio sindical. También señalan que, a pesar de haber acudido a instancias federales como Gobernación y oficinas anticorrupción en la Ciudad de México, las autoridades no han resuelto el caso.

“Nos han dicho que no tenemos derechos porque algunas propiedades ya fueron vendidas, pero el derecho sigue vigente según los estatutos y la Ley Federal del Trabajo”, explicó Rojano Lezama.

Además de la liquidación sindical, los jubilados expresaron su descontento con el incumplimiento del decreto presidencial de 2024, emitido por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, que establecía un aumento en las pensiones mínimas garantizadas a 8,400 pesos mensuales. Aseguran que el incremento solo se está aplicando a los nuevos pensionados, dejando a muchos fuera del beneficio.

Los inconformes informaron que, tras ser atendidos por la Dirección de Atención Ciudadana del gobierno estatal, entregaron un documento solicitando una reunión directa con la gobernadora. Aunque consideran este un avance, advirtieron que, de no obtener una solución pronta, recurrirán a medidas más drásticas, como la toma de oficinas gubernamentales.

“Estamos luchando por el patrimonio de nuestras familias y no vamos a ceder. Esta no es solo una cuestión sindical, es una cuestión de justicia”, concluyó Ruperto Rojano Lezama.

La situación permanece en desarrollo mientras los jubilados y pensionados buscan el respaldo de instancias locales y federales para garantizar el cumplimiento de sus demandas.