Karla Vianey García Lagunes, conocida como “Lady CEJUM”, también enfrenta señalamientos por presunta corrupción tras conocerse que ocupa simultáneamente cargos en la Secretaría de Gobierno y en el sector educativo federal y estatal.
Xalapa, Ver.- Karla Vianey García Lagunes, trabajadora recientemente suspendida del Centro Estatal de Justicia para las Mujeres (CEJUM) por su implicación en un incidente vial en presunto estado de ebriedad, aparece en registros oficiales con tres plazas activas en dependencias públicas, según información consultada en la Plataforma Nacional de Transparencia.
De acuerdo con los documentos revisados, García Lagunes se encuentra adscrita desde 2018 a la Secretaría de Gobierno (Segob) como auxiliar administrativa. No obstante, también figura como profesora de adiestramiento en la Secundaria Técnica Agropecuaria No. 7, ubicada en el municipio de Úrsulo Galván, bajo la plaza federal 074830E046530300003, perteneciente al sistema educativo federal. Adicionalmente, se desempeñaría como docente adscrita al área 30DST0007W de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).
Esta triple adscripción, con plazas presuntamente activas en distintas instituciones del Estado, ha generado cuestionamientos sobre la legalidad y compatibilidad de funciones, así como sobre posibles actos de corrupción, máxime cuando se trata de horarios y labores que, por su naturaleza, difícilmente podrían ejercerse de forma simultánea.
Aunado a lo anterior, destaca el hecho de que su hermano, Víctor López Lagunes, fungió hasta febrero del presente año como Jefe de la Oficina de Asignación de Plazas en la SEV, cargo clave en la estructura de asignación de personal. Este vínculo ha encendido las alertas sobre un posible conflicto de interés o tráfico de influencias que podría haber facilitado la obtención de dichas plazas.
Cabe recordar que García Lagunes fue suspendida hoy de su comisión en el CEJUM tras ser señalada públicamente por provocar un accidente vehicular múltiple, agredir a autoridades de Tránsito, y portar identificaciones contradictorias. En su defensa, el CEJUM argumentó que el uso de múltiples gafetes responde a un protocolo interno de protección a víctimas, sin que hasta ahora se haya aclarado el uso público indebido de dicha práctica.
El caso se encuentra en manos de la Secretaría de Gobierno y de la SEV, quienes deberán investigar y, en su caso, sancionar cualquier responsabilidad administrativa derivada de esta situación. Hasta el momento, ni la funcionaria ni sus familiares han emitido una postura pública al respecto.
Fuente: Bitácoras Políticas.


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