- Revisión a la cuenta pública 2025 apenas comenzará.
- Pero las irregularidades y desvíos de recursos brotan por todos lados.
- Aunado a la denuncias del ORFIS, muchos alcaldes y alcaldesas entrantes también harán lo propio.
Xalapa, Ver.- A pesar de las capacitaciones impartidas por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) para garantizar procesos ordenados de entrega-recepción entre autoridades municipales salientes y entrantes, persisten numerosos casos de irregularidades en distintos ayuntamientos, lamentó la auditora general del organismo, Delia González Cobos.
La funcionaria señaló que, pese a que se dejó claro que los documentos oficiales, equipos de cómputo, mobiliario, vehículos y demás bienes forman parte del patrimonio público, en varios municipios se reportaron sustracciones indebidas. Entre los casos más graves mencionó el de la exalcaldesa de Mixtla de Altamirano, Norma Estela Hernández, quien presuntamente intentó llevarse vehículos oficiales.
“Es muy lamentable lo ocurrido en este y en muchos otros municipios. Aun cuando durante las capacitaciones se explicó que todos esos bienes son públicos, se registraron irregularidades que deberán ser analizadas. Los dictámenes que se elaboren serán fundamentales para el proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2025”, expresó.
Durante su comparecencia ante diputadas y diputados del Congreso del Estado, González Cobos recordó que las autoridades municipales salientes fueron capacitadas en mayo del año pasado, mientras que en noviembre se hizo lo propio con los nuevos ayuntamientos. Sin embargo, reconoció que en varios casos prevaleció el llamado “Año de Hidalgo”, por lo que quienes incurrieron en anomalías deberán rendir cuentas en los próximos meses.
Explicó que la Ley de Entrega y Recepción establece un procedimiento formal que ya se encuentra en marcha en la actual administración municipal, mediante el cual se elabora un dictamen que permite conocer en qué condiciones fue recibida cada administración. Dicho documento debe ser sometido a consideración del cabildo dentro de los cinco días hábiles posteriores, a fin de citar a las personas servidoras públicas salientes para que aclaren las inconsistencias detectadas.
Estos dictámenes —añadió— serán turnados tanto al Congreso del Estado como al ORFIS, ya que representan una herramienta clave para la fiscalización al señalar focos de alerta y posibles irregularidades en los municipios.
En otro tema, la auditora informó que al cierre del ejercicio 2024 la deuda pública global ascendía a 51 mil 276 millones de pesos, cifra que incluye 47 mil 074 millones correspondientes a deuda pública estatal y obligaciones del ejercicio, así como 3 mil 954 millones de pesos de deuda municipal.
Detalló además que el Poder Judicial mantiene un adeudo por 242 millones de pesos, derivado de la construcción de ocho ciudades judiciales.
Finalmente, precisó que será durante 2025 cuando se realice la revisión formal de estas cifras, ya que corresponden al cierre de 2024, lo que permitirá contar con información más precisa tras el análisis de la Cuenta Pública 2025.
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