Ciudad de México.– La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este martes que el gobierno federal no aplicará el impuesto del 8% a los videojuegos con contenido violento, contemplado en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026. La decisión se debe a las complicaciones técnicas para clasificar qué títulos se consideran “violentos” y quién determinaría dichos criterios.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó: “Es muy difícil distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no. ¿Cómo le vas a poner un impuesto? ¿Quién va a determinar esa circunstancia?”. Sheinbaum reconoció que, aunque la medida quedó incluida en la legislación aprobada por el Congreso, su aplicación resultaría inviable debido a la naturaleza dinámica de muchos juegos en línea, que cambian constantemente y generan adicciones, gastos económicos y posibles conductas violentas.
En lugar del gravamen, el Ejecutivo federal impulsará campañas de concientización dirigidas a jóvenes y adolescentes, enfocadas en los riesgos de adicción, los peligros como el grooming en plataformas en línea y la promoción de la paz. Estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional por la Paz y contra las Adicciones, coordinada por varias secretarías, incluyendo Salud, Educación y Gobernación.
La propuesta original, presentada en septiembre como parte del Paquete Económico 2026, buscaba gravar con un 8% adicional los videojuegos clasificados como “violentos extremos o para adultos”, tanto físicos como digitales, con el argumento de disuadir su consumo y proteger a menores. Sin embargo, generó fuerte rechazo en la comunidad gamer, que la consideró simplista y sin base en evidencia científica sólida sobre la relación directa entre videojuegos y violencia real.
Aunque algunos estudios, como uno de la Universidad de Costa Rica citado por Hacienda, sugerían posibles efectos negativos en adolescentes, meta-análisis internacionales han encontrado evidencia mínima de causalidad entre videojuegos violentos y agresión en el mundo real.
Con este anuncio, el gobierno prioriza un enfoque educativo y preventivo sobre el fiscal, en un contexto donde el consumo de videojuegos en México es masivo, especialmente entre jóvenes. La decisión representa un giro en la política inicial y evita potenciales controversias legales por arbitrariedad en la aplicación del impuesto.
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