Sheinbaum confirma que para comprar un chip celular, habrá que registrarse en un padrón

Ciudad de México.— Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó una medida que requiere que todos los ciudadanos mexicanos registren su nombre, CURP y identificación oficial al comprar un chip de telefonía móvil. Esta iniciativa, destinada a combatir el uso de líneas anónimas por parte de la delincuencia organizada, ha generado un debate significativo sobre la balanza entre seguridad y privacidad.

La medida, que forma parte de la nueva Ley de Seguridad y la Ley de Telecomunicaciones actualmente en discusión en el Congreso, busca mitigar crímenes como fraudes, extorsiones y amenazas, que a menudo se cometen a través de teléfonos desechables. Sheinbaum enfatizó que el registro es “un tema esencialmente de seguridad” y no está destinado a monitorear las conversaciones privadas de los ciudadanos.

Sin embargo, esta no es la primera vez que México intenta implementar un registro de este tipo. Intentos anteriores bajo las administraciones de Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador fueron bloqueados por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debido a preocupaciones sobre violaciones a los derechos de privacidad. Los críticos argumentan que los registros anteriores, como el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT) en 2009, terminaron con fugas de datos y su posterior venta en el mercado negro.

Activistas por los derechos digitales han expresado escepticismo sobre la eficacia de esta medida. Afirman que los delincuentes, con acceso a tecnología avanzada y redes de corrupción, pueden eludir fácilmente el sistema, mientras que los ciudadanos honestos enfrentan un mayor riesgo de violaciones de privacidad. “Imagina que alguien suplanta tu número para extorsionar. Hoy ese delito tiene prisión automática. ¿Ves los riesgos?” señaló un activista.

La preocupación principal radica en la posibilidad de que el gobierno tenga acceso a datos sensibles de millones de ciudadanos, lo que podría llevar a un aumento en la vigilancia y el potencial mal uso de la información personal. Históricamente, México ha luchado por proteger los datos personales, con incidentes anteriores de bases de datos gubernamentales filtradas y vendidas ilegalmente.

A pesar de estas preocupaciones, la administración de Sheinbaum insiste en que el registro es crucial para mejorar la seguridad nacional. La presidenta argumentó que el registro permitirá a las autoridades, a través de la Fiscalía General, acceder a la información solo en el contexto de investigaciones criminales, con estrictas salvaguardas para prevenir el mal uso.

Mientras el debate continúa, los ciudadanos y los observadores legales están atentos a cómo se implementará esta política y si cumplirá con los estándares de protección de datos establecidos por la SCJN. La pregunta permanece: ¿puede México equilibrar efectivamente la necesidad de seguridad con el derecho fundamental a la privacidad en la era digital?