Ciudad de México.– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció modificaciones a la controvertida Ley de Telecomunicaciones, conocida por sus detractores como la “Ley Censura”. Durante su conferencia matutina se informó que el artículo 109, que permitía el bloqueo de plataformas digitales, será eliminado. Sin embargo, otros artículos considerados “peligrosos” para la privacidad y los derechos digitales de los ciudadanos permanecen intactos, generando críticas y preocupaciones entre activistas y usuarios de redes sociales.
El anuncio de Sheinbaum llega tras semanas de debate público y señalamientos de censura, que incluso motivaron a la presidenta a proponer cambios a la ley el pasado 25 de abril, según reportó Reuters. En esa ocasión, Sheinbaum pidió “aclarar” el artículo 109 para mitigar las críticas que lo acusaban de limitar la libertad de expresión. No obstante, el nuevo panorama legislativo mantiene disposiciones que han encendido las alarmas de expertos en derechos digitales.
Entre los artículos que persisten están el Artículo 8, fracción LXV, que establece la creación de un padrón obligatorio de usuarios de telefonía móvil con datos biométricos, como huellas dactilares o reconocimiento facial. Esta medida recuerda al fallido Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT), implementado entre 2009 y 2011 durante el gobierno de Felipe Calderón. El RENAUT, que buscaba combatir delitos como la extorsión, fue cancelado tras demostrarse su ineficacia: no solo no redujo los crímenes, sino que los casos de extorsión aumentaron un 40%, según datos de Privacy International, y se reportaron filtraciones masivas de datos, como el registro de 12,000 líneas telefónicas a nombre del propio Calderón.
Otro punto de preocupación es el Artículo 65, que permite a la Agencia de Telecomunicaciones “rescatar” bandas de frecuencias o recursos orbitales por motivos de “seguridad nacional” o “interés público”, sin definiciones claras que eviten abusos. Asimismo, los Artículos 159-161 obligan a las empresas a conservar datos de comunicaciones por 24 meses y compartirlos con autoridades sin controles judiciales, lo que, según Ortiz, “vulnera el derecho a la privacidad”. Finalmente, el Artículo 161 permite el uso de bloqueadores de señales telefónicas sin lineamientos específicos, una medida que podría ser utilizada de manera arbitraria.
Riesgos de los Datos Biométricos
La obligatoriedad de un padrón con datos biométricos ha reavivado temores sobre la seguridad de la información personal. Un reporte de la BBC de 2021 advirtió que las filtraciones de datos biométricos son irreversibles, a diferencia de contraseñas que pueden cambiarse, y podrían exponer a usuarios vulnerables, especialmente a quienes dependen del anonimato en línea para su seguridad, como activistas o periodistas. Además, la experiencia del RENAUT demostró que este tipo de registros puede ser aprovechado por criminales o incluso por el propio gobierno para fines de vigilancia masiva.
El antecedente del RENAUT también preocupa a las empresas de telecomunicaciones. Según un artículo de Reuters de 2021, gigantes como América Móvil y AT&T se opusieron a un plan similar, argumentando que podría incrementar el robo de teléfonos, ya que los delincuentes buscarían dispositivos para evadir el registro, además de poner en riesgo la seguridad de los datos de los usuarios.
Contexto político
El partido Morena y sus aliados, que cuentan con una amplia mayoría en el Congreso desde que Sheinbaum asumió el poder en octubre de 2024, han impulsado diversas reformas constitucionales. Sin embargo, críticos señalan que estas iniciativas, incluida la Ley de Telecomunicaciones, forman parte de una estrategia de concentración de poder. La retención de datos de comunicaciones por 24 meses, aprobada previamente en la Ley Telecom de 2016 y ratificada por la Suprema Corte, es otro ejemplo de medidas que han sido cuestionadas por organismos como Privacy International por su impacto en el derecho a la privacidad.
Organizaciones de derechos digitales y ciudadanos han pedido a la ciudadanía estar atenta a los cambios legislativos y exigir transparencia en el manejo de datos personales.
El debate sobre la Ley de Telecomunicaciones continúa, y con él, la tensión entre la seguridad pública y los derechos fundamentales de los mexicanos. ¿Logrará el gobierno de Sheinbaum encontrar un equilibrio, o se repetirán los errores del pasado? La respuesta, por ahora, sigue en el aire.
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