Sale otro ‘cisnerista’ de la FGE

Ayer, por fin, Samuel López Leza renunció como director de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado (FGE). Lo sustituye Óscar Rodríguez Hernández, un abogado egresado de una desconocida universidad particular de Xalapa y quien supuestamente cuenta con una trayectoria de más de 15 años en áreas de investigación criminal, negociación y atención de crisis. Entre 2018 y 2025 se desempeñó como coordinador de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión.

Rodríguez Hernández debió conocer bien a su antecesor López Leza, originario de Nuevo León, el cual llegó el sexenio pasado a Veracruz porque le atribuyen un parentesco político con Hugo Gutiérrez Maldonado, otro regiomontano que arribó desde el inicio de la administración del ex gobernador Cuitláhuac García para hacerse cargo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) también por mero nepotismo, pues le adjudicaban un vínculo familiar con la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, a la sazón esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Gutiérrez Maldonado renunció de manera sorpresiva el 20 de octubre de 2022 tras un fuerte diferendo con el poderoso secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, pero su cuñado López Leza continuó no sólo a cargo de la Policía Ministerial sino ejecutando, por presunta consigna, algunas órdenes de aprehensión contra adversarios del perverso titular de la Segob que aspiraba a la gubernatura. Uno de los casos más sonados fue la arbitraria detención en diciembre de 2021 de José Manuel del Río Virgen, a la sazón secretario técnico de la Coordinación Política del Senado, al cual se le pretendió procesar por su “presunta participación en la comisión del delito de homicidio doloso calificado” en contra de René Tovar, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones de Herrera asesinado dos días antes de las elecciones municipales.

Con la renuncia de López Leza, Cisneros ha perdido a su último alfil incrustado en la Fiscalía General del Estado que hasta el 8 de diciembre del año pasado encabezó su incondicional Verónica Hernández Giadáns, quien de la Dirección Jurídica de la Segob pasó a sustituir al desaforado fiscal yunista Jorge Winckler Ortiz en 2019.

Ayer se especulaba que la salida del exdirector de la Policía Ministerial podría ser parte de los daños colaterales que estarían por generarse en la entidad tras la caída de Nemesio Oseguera, El Mencho, jefe máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), versión que de manera extraoficial niegan rotundamente en la Fiscalía General del Estado que desde hace tres meses encabeza la magistrada con licencia Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre. De hecho, el cambio del jefe policiaco de la FGE se rumoró entre sus subordinados desde la semana antepasada.

Quizá las especulaciones por su dimisión formalizada este lunes tras la caída de El Mencho se deriven por las diferencias que se ahondaron a partir de enero de 2022 entre Cisneros Burgos y Gutiérrez Maldonado cuando un grupo criminal identificado como “Cuatro Letras”, vinculado precisamente al CJNG, dejó clavado un mensaje escrito en uno de los nueve cuerpos arrojados cerca del entronque de la autopista Isla-Cosamaloapan, y difundió un video donde es interrogado un presunto sobrino del entonces secretario de Gobierno por sicarios que tienen retenidos a los rehenes, el cual sólo acusa de cómplice al titular de la Segob, mientras que al secretario de Seguridad Pública le reconocían su “imparcialidad”.

A Cisneros le recriminaban que apoyara al Cártel de Sinaloa “y a los Chivos Vázquez”.

“Aquí en la Cuenca del Papaloapan (sic) mandan ‘Las Cuatro Letras’, no te pases de v…”, le advirtieron a Cisneros, quien no sólo tenía el control de la FGE con la señora Hernández Giadáns sino también de la Delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) con Gonzalo Medina Palacios, a quien en diciembre de 2018 había designado como director del Instituto Veracruzano de Defensoría Pública.

El 9 de diciembre de 2022, el columnista Ricardo Ravelo, del portal Sin Embargo, publicó que tras la captura de Rafael Caro Quintero, el 25 de julio de ese año, fue sustituido por su sobrino José Gil, quien se encontraba refugiado en Veracruz bajo la presunta protección de Cisneros.

Según Ravelo, Caro Quintero encontró en el norte de Veracruz un asidero, particularmente en los municipios de Vega de Alatorre, Nautla, San Rafael y Martínez de la Torre, donde el narco cuenta con ranchos y otras propiedades.

Posteriormente trascendió que el conflicto de Gutiérrez Maldonado con Cisneros pudo haber sido también porque el ex secretario de Seguridad Pública traía a su vez acuerdos con el Cártel del Noreste –un grupo criminal con mayor presencia en Tamaulipas y Nuevo León, integrado por antiguos Zetas–, y que, según versiones de algunos agentes ministeriales, habrían financiado propiedades inmobiliarias en la zona de Monterrey y San Pedro Garza García a un alto funcionario de Palacio de Gobierno y al familiar político del ex titular de la SSP que, a pesar de la salida de su pariente del gabinete estatal, siguió incrustado tres años más en la FGE.

Y EL CONTRALOR ESTATAL 

SE VA A BUSCAR LA… ¡ASF!

Pero el anuncio que sorprendió más ayer fue la inesperada renuncia de Ramón Santos Navarro como titular de la Contraloría General del Estado, el cual fue hecho público por la gobernadora Rocío Nahle, quien dio a conocer que como encargada de dicha dependencia quedará Bárbara Galindo Ramos.

Aún no trasciende el verdadero trasfondo de la salida de Santos Navarro, cuyo pretexto es que se va a registrar en el proceso convocado por la Comisión legislativa de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que preside el diputado federal veracruzano del PVEM, Javier Herrera Borunda, para designar al nuevo titular de la ASF cuyo periodo será de ocho años, a partir del 15 de marzo próximo hasta el 14 de marzo de 2034.

Hasta ayer solamente se habían registrado dos aspirantes. La primera en inscribirse fue Elizabeth Barba Villafán, una contadora pública y abogada que ha participado como servidora pública en los últimos 30 años en labores jurídicas, de administración de recursos y de control interno.

Entrevistada el sábado anterior luego de concluir su registro en el edificio G del Palacio Legislativo de San Lázaro, Barba Villafán indicó que ha trabajado en diversas instituciones públicas, entre ellas los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS), de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y en la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR).

“Ahora trabajo en la Fiscalía General de la República, y en todas esas instituciones me ha tocado tener ser pionera en lo que trabajo. Es muy grato participar en este tipo de concursos, porque te permiten desarrollo profesional, con todos los conocimientos que has generado a lo largo de tu carrera”, declaró en la breve entrevista.

Barba, quien ya había participado en 2009 en la convocatoria para renovar la dirección de la ASF, indicó que la entidad revisora “debe ser capaz de darle a su trabajo un sentido de transparencia y ser cercana a la gente. Tiene que tener plena conciencia de hacer evaluaciones del gasto público y saber en qué se gasta el gobierno cada peso, para que el ciudadano esté conforme con lo que se está realizando”.

Anteayer se registró la segunda aspirante: la abogada Miroslava Carrillo Martínez, quien es militante de Morena y fue diputada federal por el partido guinda en la 54 Legislatura. Su especialidad es el derecho legislativo, el derecho civil y tiene posgrado en derecho; fue funcionaria del Instituto Electoral del Estado de México y ha tenido diversos cargos como funcionaria en la Cámara de Diputados. Asimismo, en 2019 compitió en el proceso para dirigir el Órgano Superior de Fiscalización del Edomex.

El trámite del registro inició el 19 y concluirá el 28 de febrero a las 23:59 horas, por tratarse del último día.

En las bases de la convocatoria la comisión se estableció que en la revisión de la idoneidad de los aspirantes participará la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies).

Al término de dicho plazo, la comisión llevará a cabo la revisión y análisis del cumplimiento de requisitos y documentación de los aspirantes, del 1 al 5 de marzo, cuando también se publicará en la Gaceta Parlamentaria y en un micrositio de la comisión, la lista y horarios de las entrevistas.

Esta fase se realizará del 6 al 10 de marzo y la convocatoria prevé que se le dará la máxima publicidad a este ejercicio, por lo que se difundirán a través de los canales oficiales de la Cámara de Diputados.

Concluidas las entrevistas, en un plazo máximo de tres días, la comisión deberá elaborar y aprobar el dictamen con una terna –en la que se observará el principio de paridad de género– de candidatos, que se presentará al pleno de la cámara el 11 de marzo, para que la vote.

Para que un auditor resulte electo debe contar con el respaldo de al menos el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión; de no alcanzarse ese mínimo, la comisión deberá presentar una nueva propuesta, en la que ya no podrá participar ninguno de los aspirantes rechazados en la primera vuelta.

Así que Santos Navarro no la tendrá fácil. Aparte de que todavía faltan por registrarse algunas candidatas y candidatos que por sus trayectorias profesionales y vínculos políticos son mencionados como los favoritos.

Ya se verá qué tanto favorece el peso político de la gobernadora Nahle a su “delfín”.

¿O será que el verdadero trasfondo de la renuncia de don Ramón tendría que ver con las observaciones que la ASF le hizo a la última cuenta pública, la de 2024, a la administración del ex gobernador Cuitláhuac García, de la que el ex titular de la Contraloría General del Estado recibió 31 pliegos de observaciones por un presunto daño patrimonial de mil 896 millones de pesos?