Ayer, por tercera vez consecutiva, Morena maniobró para impedir que en la sesión de este miércoles en la Comisión Permanente se debatiera el caso del ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena –el prófugo líder del grupo criminal La Barredora–, y el que fuera su jefe, el exgobernador Adán Augusto López Hernández, actual coordinador de los morenistas en el Senado.
En vez de sofocar el escándalo prefieren seguirlo prolongando. Se equivocan si le apuestan a la amnesia colectiva. Precisamente ayer, en Puebla, fue detenido Ángel Javier “N”, un objetivo prioritario en Tabasco por sus nexos con Bermúdez Requena y porque le imputan por lo menos 10 homicidios en esa entidad sureña. Y, hace una semana, en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Jalisco, fue capturado Ulises Pinto, alias “El Mamado”, un ex integrante de la desaparecida Policía Federal que hasta el 22 de diciembre de 2023 fue uno de los hombres de mayor confianza de Bermúdez, pues su relación habría terminado tras la ejecución de 11 personas en Villahermosa. Las víctimas eran presuntos miembros del Cártel del Golfo que disputaba el control territorial a La Barredora.
Por eso es que Adán Augusto sigue y seguirá en el ojo del huracán. Anteayer, martes 29, el sitio Breitbart News, identificado como una de las plataformas más alineadas con la agenda del presidente Trump, publicó un reportaje destacando las acusaciones del ex gobernador interino de Chiapas, Willy Ochoa, quien señaló que la organización criminal tabasqueña operó con total impunidad durante el sexenio del morenista Rutilio Escandón (2018-2024), cuñado del líder del Senado.
En el texto, Ochoa acusa omisión o incluso complicidad del gobierno estatal en la expansión de La Barredora, cuyos orígenes están vinculados a Tabasco y su despliegue en Chiapas –según denuncias respaldadas en documentos militares filtrados– habría comenzado en 2019. El reporte retoma esta narrativa para apuntalar la percepción de infiltración criminal en la política mexicana, particularmente en momentos en que Escandón funge como cónsul en Miami, cargo diplomático que podría conferirle protección ante potenciales investigaciones.
Pero esta cobertura se enmarca en un contexto geopolítico más amplio: la estrategia de Trump para presionar al gobierno mexicano a intensificar su combate contra los cárteles. Recientemente, sectores del Partido Republicano promovieron iniciativas para designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, al tiempo que se amenaza con la imposición de tarifas comerciales si México “no hace lo suficiente”.
Que este caso haya sido retomado por medios alineados con Trump no solo amplifica su visibilidad, sino que eleva el tema al terreno de la agenda bilateral, con implicaciones que van más allá del ámbito mediático. La narrativa que vincula a Escandón con la permisividad criminal podría convertirse en una herramienta política en el discurso electoral republicano y en las futuras presiones diplomáticas hacia México.
El caso de Escandón sirve al régimen de Trump como pieza discursiva dentro de una campaña más amplia para destacar presuntos casos de corrupción y debilidad institucional en el gobierno mexicano, reforzando un discurso que justifique acciones unilaterales por parte de Estados Unidos en temas de seguridad fronteriza y cooperación binacional. La nota de Breitbart, más allá de informar, busca articular estos intereses políticos con un enfoque en la seguridad nacional y la lucha contra el narcotráfico, uno de los temas clave del proyecto del mandatario republicano hacia 2026.
El ex gobernador interino lanzó una acusación frontal: La Barredora, brazo armado de un grupo criminal, operó en Chiapas con impunidad desde 2019, bajo el mandato de Rutilio Escandón. Y lo hizo, asegura, al amparo del silencio de las autoridades estatales, que nunca reconocieron su presencia ni activaron acciones contundentes para frenar su expansión.
Según Ochoa, la organización criminal bajo la protección del entonces secretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez Requena, penetró territorio chiapaneco sin resistencia, estableciendo células en municipios clave del norte y oriente del estado: Reforma, Pichucalco, Juárez, Palenque, Ocosingo y Benemérito de las Américas. Estas zonas, estratégicas por su conexión con rutas de trasiego y su debilidad institucional, se convirtieron en enclaves donde La Barredora –respaldada por ex militares y ex funcionarios– consolidó actividades de narcotráfico, extorsión, robo de combustible y trata de personas.
Sin embargo, a pesar de las acusaciones sobre presunta omisión o complicidad frente a la operación de La Barredora en Chiapas, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mantiene su respaldo institucional a Rutilio Escandón, actual cónsul general de México en Miami. Nombrado a finales de 2024 por el gobierno de Claudia Sheinbaum, Escandón fue presentado como un perfil con experiencia política y administrativa, capaz de atender a la comunidad migrante en el sur de Florida.
Hasta el momento, no se ha planteado oficialmente su remoción. La SRE no ha emitido pronunciamiento alguno en relación con las acusaciones difundidas en medios como Breitbart ni con los señalamientos del ex gobernador Willy Ochoa. La Cancillería tampoco ha reconocido que exista una investigación en curso contra Escandón ni ha activado algún mecanismo para reevaluar su designación diplomática.
Legalmente, su destitución es posible, pero requeriría una instrucción directa del Ejecutivo federal, una causa formal justificada o la intervención del Senado en caso de faltas graves. Pero la Cámara alta sigue siendo liderada por su cuñado Adán Augusto, donde la oposición ni siquiera ha logrado que se debata sobre los vínculos del ex gobernador de Tabasco con su ex jefe policiaco prófugo.
‘ALITO’ MORENO LOS DENUNCIA
Y MORENA REACTIVA SU DESAFUERO
Por cierto, ayer, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR), por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, al ex presidente Andrés Manuel López Obrador, al secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán; al senador Adán Augusto López Hernández, al secretario de Educación Pública, Mario Delgado; al ex director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlet Díaz; al ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernández Bermúdez Requena, y a los gobernadores morenistas de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; de Tamaulipas, Américo Villarreal; de Campeche, Layda Sansores; de Baja California, Marina del Pilar Olmedo, y, de Sonora, Alfonso Durazo.
“A todos ellos los señalamos por presuntos vínculos con el crimen organizado. Están ligados, entre otras cosas, a esquemas de huachicol, uso de dinero sucio en campañas y el nombramiento de funcionarios con antecedentes criminales”, afirmó el dirigente nacional priista.
Ayer mismo recibió respuesta Moreno Cárdenas, pues trascendió que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, que preside el morenista Hugo Eric Flores, reactivará el próximo viernes el proceso de desafuero contra el senador y dirigente priista.
El proceso de desafuero será reactivado luego de que la Fiscalía Anticorrupción de Campeche presentó la semana anterior una solicitud para desaforar al ex gobernador priista, al que le imputa un presunto desvío de más de 83 millones de pesos.
Historias similares
Crecen microempresas y decrece la economía
Morena – no tiene la culpa el indio
RedUV por la Legalidad… Sucesión UV (25)