La iniciativa de reforma a la Ley de Amparo presentada en septiembre de 2025 tiene como objetivo modernizar y agilizar el juicio de amparo, redefiniendo conceptos clave como el interés legítimo, limitando las suspensiones provisionales y ajustando plazos procesales. Busca además incorporar elementos tecnológicos como la presentación electrónica y expedientes digitales para hacer el juicio más ágil. Sin embargo, impone restricciones fuertes, como eliminar la suspensión de actos reclamados en casos de bloqueos de cuentas por lavado de dinero, prohibir suspensiones que afecten deuda pública, y limitar la suspensión en casos de actividades que requieren permisos o concesiones.
El mayor punto de controversia es la inclusión de un artículo transitorio que impone retroactividad a la reforma. Esto significa que los cambios aplicarán a casos ya en curso, pudiendo revocar suspensiones otorgadas bajo la legislación anterior, sin posibilidad de defensa para las partes afectadas. La retroactividad viola el principio constitucional de irretroactividad de la ley en perjuicio de personas, consagrado en el artículo 14 constitucional, y un grupo amplio de expertos y la propia presidenta Claudia Sheinbaum han mostrado su rechazo al artículo transitorio por considerarlo inconstitucional.
Este impacto de retroactividad genera un riesgo grave a la certeza jurídica para las inversiones productivas en México. La reforma, al debilitar garantías procesales y la capacidad de defensa judicial frente a actos administrativos y fiscales, aumenta la percepción de inseguridad para inversionistas nacionales y extranjeros. Las empresas podrían enfrentar mayor riesgo regulatorio y dificultades para defender sus derechos, lo que eleva la prima de riesgo, encarece la obtención de financiamiento y reduce la competitividad del país para atraer inversión en un contexto global competitivo. El debilitamiento del juicio de amparo, históricamente herramienta clave para protección jurídica, pone en entredicho un marco confiable para la economía productiva y la formalidad.
La reforma propone modernizar y agilizar el juicio de amparo, pero la inclusión de retroactividad y restricciones a derechos fundamentales puede afectar negativamente la certeza jurídica y confianza de inversores en México. Esto podría tener un impacto directo en la estabilidad y crecimiento de inversiones productivas en el país.
El impacto de la reforma a la Ley de Amparo en las inversiones extranjeras y en el riesgo país de México en 2025 es significativo y negativo.
La reforma limita la capacidad de defensa legal contra actos arbitrarios o injustificados de autoridades, como clausuras, disposiciones fiscales desproporcionadas o actos regulatorios sin sustento. Esto genera una percepción de menor certeza jurídica en el país, que afecta la confianza de inversionistas tanto nacionales como extranjeros. La pérdida de este mecanismo de defensa, históricamente clave para proteger inversiones y derechos, eleva los riesgos legales para los empresarios y disminuye la seguridad sobre la estabilidad de sus activos y proyectos en México.
En consecuencia, la reforma eleva la prima de riesgo del país, encarece el financiamiento y puede frenar la entrada y crecimiento de la inversión extranjera directa. Se ha reportado que capitales extranjeros ya muestran preocupaciones sobre la inseguridad jurídica, con salidas de capital reflejadas en cifras millonarias y cancelación o postergación de proyectos productivos. La limitación del juicio de amparo puede visualizarse como una señal negativa para un clima de negocios competitivo, lo que impacta directamente en el nivel del riesgo país y la percepción global sobre México como destino de inversión.
Organismos empresariales como Coparmex han advertido que esta reforma pone en riesgo la justicia, la confianza, la generación de empleos y la inversión necesaria para el desarrollo económico del país. Además, la oposición política y expertos jurídicos señalan que el debilitamiento de esta garantía constitucional puede ocasionar un retroceso en el estado de derecho y efectos adversos en la atracción de capitales.
La reforma a la Ley de Amparo aumenta el riesgo jurídico para los inversionistas, lo que puede frenar inversiones extranjeras y elevar el riesgo país de México, afectando la economía y la competitividad internacional del país
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*Maestro en comunicación por la Universidad Iberoamericana, de la cual formó parte del cuerpo académico de la Licenciatura en Comunicación, así como de la Universidad Anáhuac, campús norte de CDMX.
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