Periodistas podrán ir a la cárcel con la nueva ley de extorsión

El artículo 17 de la nueva Ley de Extorsión en México ha generado preocupaciones importantes sobre su impacto en la libertad de expresión, particularmente por criminalizar a dueños de medios de comunicación, editores y periodistas que emitan críticas a las acciones del Gobierno de la Cuarta Transformación. Esta medida puede interpretarse como una forma de censura, ya que utiliza un marco legal penal para sancionar las expresiones críticas legítimas y el ejercicio del periodismo independiente, lo cual contradice los derechos consagrados en la Constitución Política de México, especialmente el artículo 7 que garantiza la libertad de difundir opiniones sin censura previa.

Varios expertos y organizaciones defensoras de la libertad de prensa han advertido que este tipo de disposiciones pueden transformarse en un mecanismo para intimidar y silenciar voces incómodas, al equiparar la crítica al poder con un acto delictivo como la extorsión. Esto genera un clima de autocensura y amedrentamiento en los medios y periodistas, deteriorando el derecho de la sociedad a estar informada y a la pluralidad de opiniones en un estado democrático. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) incluso ha señalado ambigüedades en esta ley que podrían dar lugar a restricciones indebidas a la libertad de expresión, y está trabajando para presentar acciones de inconstitucionalidad que protejan este derecho fundamental.​

La aplicación del artículo 17 en este contexto puede ser vista como una falta grave a la libertad de expresión, constituyendo una vía indirecta de censura que daña los pilares democráticos del país al penalizar la crítica y limitar la labor de la prensa independiente, en flagrante contradicción con la Constitución mexicana.​

El Artículo 17 de la nueva Ley de Extorsión tendría efectos particularmente negativos sobre el periodismo de investigación en México. Al criminalizar críticas a las acciones del gobierno —una parte fundamental del trabajo periodístico independiente— este artículo puede funcionar como un mecanismo de intimidación y censura indirecta. Los periodistas de investigación, que se dedican a revelar casos de corrupción, abusos de poder y malas prácticas gubernamentales, podrían enfrentar acusaciones penales bajo ese marco, lo que genera un riesgo legal elevado y una presión para autocensurarse.

Esto afectaría la capacidad de la prensa para cumplir su función esencial de vigilancia y rendición de cuentas en una democracia, ya que las investigaciones profundas y reveladoras se verían obstaculizadas por el temor a represalias judiciales y económicas. También podría provocar un clima de autocensura y reducción en la pluralidad informativa, limitando el derecho del público a recibir información veraz y crítica sobre temas de interés público.

Organizaciones defensoras de derechos humanos y de libertad de expresión han advertido que esta disposición afecta directamente el trabajo de periodistas de investigación, poniéndolos en una situación de vulnerabilidad legal y riesgo personal, y minando el periodismo como pilar fundamental para la transparencia y la democracia en México.

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cacostabravo@yahoo.com.mx

*Maestro en comunicación por la Universidad Iberoamericana, de la cual formó parte del cuerpo académico de la Licenciatura en comunicación, así como de la Universidad Anáhuac, campús norte de CDMX.