La relación entre el poder político y la prensa nunca ha sido cómoda. De hecho, en toda democracia saludable debe existir una tensión permanente entre gobernantes y periodistas.
La prensa cuestiona; el poder responde. Ese equilibrio constituye uno de los pilares de la vida pública moderna. Cuando esa tensión se convierte en hostilidad sistemática, algo empieza a descomponerse en el ecosistema democrático.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el enfrentamiento con la prensa crítica adquirió una intensidad inédita en la historia reciente del país. Desde la tribuna presidencial, el entonces mandatario convirtió las conferencias matutinas en un escenario para exhibir, desacreditar y ridiculizar a periodistas y medios de comunicación. No sólo cuestionaba sus argumentos: atacaba su reputación.
El lenguaje utilizado por el presidente no era casual ni improvisado. Era parte de una estrategia política cuidadosamente calculada.
Los periodistas críticos fueron calificados como “hampones”, “chayoteros”, “prensa fifí”, “maiceados”, “mercenarios”, “conservadores” y, en una expresión particularmente despectiva, “peleles”. Un término que describe a quien carece de voluntad propia y actúa como instrumento de otros.
La palabra no era menor. En política, el lenguaje construye realidades. Al etiquetar a los periodistas como “peleles”, el mensaje implícito era que no ejercían un trabajo independiente, sino que eran operadores pagados para atacar al gobierno.
En ese clima de confrontación ocurrió un episodio revelador. La periodista Azucena Uresti, una de las voces más reconocidas del periodismo radiofónico y televisivo, contestó públicamente a las difamaciones presidenciales con tres palabras que sintetizaban su postura: descalificador, misógino y agresor constante de mujeres. La respuesta provocó una fuerte reacción política y mediática. Poco tiempo después, Uresti salió de Milenio Televisión.
El episodio dejó abierta una pregunta incómoda:
¿fue una coincidencia editorial o un síntoma del clima de presión que viven muchos medios?
Paradójicamente, tras la salida de la valiente periodista, el propio López Obrador declaró en su conferencia matutina que él era incapaz de censurar a nadie. Aseguró que su gobierno garantizaba plenamente la libertad de expresión y que él no era “como los de antes”.
La frase buscaba cerrar el debate. Pero para muchos observadores resultó un ejercicio de cinismo político: el clásico gesto de quien arroja la piedra y esconde la mano.
El fenómeno no ha desaparecido. En la narrativa oficial actual persiste la tendencia a denigrar a los críticos mediante etiquetas.
La presidenta Claudia Sheinbaum suele referirse a ellos como “comentócratas”, mientras que la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, ha llegado a calificarlos hasta de “carroñeros”.
La lógica es la misma: no responder al cuestionamiento, sino desacreditar a quien interroga.
Sin embargo, la pregunta central permanece intacta y merece una reflexión más profunda: si los periodistas críticos son “peleles”, “mercenarios” o “comentócratas”, ¿qué calificativo corresponde entonces a los políticos que mienten, roban y traicionan la confianza pública?
Porque en el fondo de esta disputa no está únicamente el orgullo de los gobernantes ni la reputación de los periodistas. Lo que está en juego es algo mucho más serio: el derecho de la sociedad a informarse.
Y cuando el poder decide que preguntar es una ofensa, la democracia empieza a hablar en voz baja.
Y eso no lo podemos tolerar.
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