La empresa PepsiCo enfrenta una serie de denuncias en México por su más reciente campaña publicitaria “Anota con Ruffles”, la cual ha sido señalada por infringir regulaciones sobre publicidad de productos ultraprocesados con sellos de advertencia.
Organizaciones como El Poder del Consumidor (EPC) han solicitado la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para frenar la difusión de esta campaña, que cuenta con la participación de figuras del fútbol americano como Rob Gronkowski y Diana Flores.
De acuerdo con la denuncia, esta publicidad viola el artículo 24 Bis del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, que prohíbe el uso de celebridades y deportistas para promover productos con advertencias sanitarias. Además, EPC señala que la campaña transgrede la Norma Oficial Mexicana NOM-051, la cual impide el uso de elementos interactivos en empaques para incentivar el consumo de estos productos.
Los anuncios han sido difundidos en televisión, redes sociales y carteles, pese a que las normativas en México establecen restricciones claras para evitar que figuras públicas influyan en el consumo de alimentos no saludables. En respuesta, EPC ha solicitado no solo el retiro inmediato de la campaña, sino también sanciones contra PepsiCo y la eliminación de cualquier contenido promocional de plataformas digitales como YouTube.
Javier Zúñiga, coordinador del área legal de EPC, subrayó la importancia de hacer valer estas regulaciones para evitar que menores de edad sean blanco de estrategias de mercadotecnia que los expongan a riesgos para su salud. México se encuentra entre los países con mayor consumo de productos ultraprocesados y enfrenta una crisis de obesidad y enfermedades relacionadas, lo que ha llevado a organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef a recomendar medidas más estrictas contra este tipo de publicidad.
Con este caso en la mesa, las autoridades mexicanas tienen el reto de demostrar hasta dónde están dispuestas a hacer cumplir la legislación vigente para proteger la salud pública frente a las estrategias agresivas de la industria alimentaria.
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