Nahle confirma denuncia contra exsecretaria de Salud por presuntas irregularidades; Díaz del Castillo busca amparo para evitar acciones judiciales en su contra

Xalapa, Ver.– La exsecretaria de Salud de Veracruz, Guadalupe Díaz del Castillo Flores, se encuentra bajo el escrutinio de las autoridades estatales, luego de que el Órgano Interno de Control presentara una denuncia formal en su contra, derivada de observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el manejo de recursos públicos durante el ejercicio fiscal 2023.

Y es que hoy por la mañana la gobernadora Rocío Nahle García confirmó la existencia de dicha denuncia, al precisar que forma parte del proceso legal y administrativo que sigue la ASF cuando detecta inconsistencias en el uso de recursos públicos. Según explicó, una vez que las observaciones no son solventadas en tiempo y forma por la dependencia auditada, corresponde al órgano interno formalizar la denuncia ante la instancia correspondiente, para que el exfuncionario señalado aclare o justifique el uso de los recursos.

“Se hace la denuncia correspondiente porque así lo marca el procedimiento. La persona señalada tendrá que solventar, justificar o comprobar lo que sea necesario”, afirmó Nahle García. También subrayó que esta acción no implica de forma automática una orden de aprehensión, ya que primero debe seguirse el debido proceso.

En ese sentido, la mandataria aclaró que la denuncia únicamente involucra a la Secretaría de Salud, descartando que existan procedimientos similares en curso contra otras dependencias como Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) o Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA).

Frente a este panorama, trascendió que Guadalupe Díaz del Castillo promovió un juicio de amparo (expediente 534/2025) ante el Juzgado Segundo de Distrito, en busca de frenar cualquier acción judicial en su contra. En su recurso, solicitó la invalidez de órdenes de aprehensión, comparecencia o intervención de comunicaciones privadas, alegando temor a ser objeto de vigilancia a través de sus dispositivos electrónicos.

Además, pidió la suspensión del procedimiento iniciado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz, que podría derivar en acciones penales. En respuesta, el juez concedió una suspensión provisional para evitar que se le prive de su libertad o se le presente por la fuerza pública, mientras se resuelve la solicitud de suspensión definitiva.

La resolución definitiva marcará el rumbo del caso y podría determinar si la exfuncionaria deberá enfrentar cargos ante la justicia.

Por su parte, la administración estatal aseguró que continuará colaborando con los entes fiscalizadores y dando puntual seguimiento a las auditorías, como parte del compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.