Xalapa, Ver.- Ingrid de los Ángeles Tapia Gutiérrez, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y aspirante a integrar nuevamente el máximo tribunal, alertó sobre los riesgos que enfrenta la función judicial en México, debido a un mal diseño de la reforma constitucional que establece la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, así como por la falta de información clara proporcionada por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Durante una intervención pública, Tapia Gutiérrez, identificada en la boleta electoral con el número 30, criticó que el proceso de selección se haya llevado a cabo de manera poco rigurosa, lo que ha permitido que perfiles cuestionables figuren entre los aspirantes. “No está en peligro la Corte como institución, sino la función judicial en sí misma: el derecho de cualquier ciudadano a recibir justicia imparcial y ética”, señaló.
La ministra destacó que incluso el Senado de la República ha reconocido que al menos 26 candidatos tienen presuntos vínculos con el crimen organizado. A esta situación, añadió que también hay aspirantes que se han hecho notar por campañas absurdas o poco serias: “el del chicharrón, la que se desnuda, el ministro del amor en Tinder”, ejemplificó.
Tapia también responsabilizó al INE de obstaculizar el derecho ciudadano a votar con información. Señaló que el instituto diseñó una estrategia de difusión deficiente, sin permitir a los votantes conocer adecuadamente los perfiles de más de 3 mil candidaturas. “Esto no solo es preocupante, es una violación al derecho de emitir un voto informado. La mayoría de la población no tiene acceso a medios especializados para saber quiénes son estos candidatos”, advirtió.
Frente a los señalamientos de que el proceso ya está manipulado, la ministra subrayó que eso no debería desalentar el ejercicio del voto. “Si ya está arreglado, con mayor razón hay que participar y presionar por mejorar los mecanismos futuros”, afirmó.
Finalmente, reconoció que no cree que el proceso de selección haya sido doloso, sino más bien desbordado por la magnitud de la convocatoria. “Fueron más de 15 mil aspirantes y es mucho pedir que un comité de seis personas, sin acceso a información reservada, pudiera tomar decisiones certeras en solo dos meses”, explicó.
De cara a futuras elecciones judiciales —la próxima en 2027—, Tapia llamó a reformar el procedimiento de selección. “No podemos permitir que entre los candidatos a impartir justicia compitan personas honorables junto a quienes tienen antecedentes cuestionables o francamente delictivos. Está en juego la confianza en el sistema de justicia y el futuro del país”, concluyó.
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