La dificultad no radica en las nuevas ideas, sino en escapar de las antiguas
John Maynard Keynes
Recientemente acabo de terminar de impartir la cátedra de Finanzas Públicas, en una maestría en Administración Pública, y más allá de ver los elementos hidráulicos de la economía aplicada la hacienda pública, como actividad final, revisamos la composición del gasto, pero en lo particular, tiene tiempo que lo que ha llamado fuertemente es el tema del sostenimiento de las pensiones.
Lo anterior parte de que México destinará en 2026 más de 2.32 billones de pesos al pago de pensiones. Es decir, cerca de uno de cada dos pesos que el Estado recauda vía impuestos se irá, literalmente, a sostener un sistema que se encuentra en pleno reto estructural.
El dato debería preocuparnos más de lo que lo hace. Hoy, 17.1 millones de mexicanos tienen más de 60 años. En 2050 serán 35.4 millones. De representar el 13% de la población, pasarán a ser uno de cada cuatro ciudadanos. En otras palabras, la pirámide demográfica se está invirtiendo, y estamos entrando de lleno al invierno demográfico, sin habernos preparado para ello.
Lo más grave es que el punto crítico está cerca. Entre 2030 y 2035, comenzará a jubilarse la mayor parte de los trabajadores que cotizaron bajo la Ley del 73 del IMSS. Este grupo accede a pensiones mucho más generosas que las que otorga el sistema actual. Y con una expectativa de vida postjubilación de 23 años en promedio, el gasto se disparará justo cuando la base de trabajadores formales que aportan al sistema es cada vez más estrecha.
Como investigado, me surge la pregunta es inevitable: ¿quién va a pagar esa cuenta?
La respuesta, aunque incómoda, es evidente, los jóvenes, los trabajadores actuales y, muy probablemente, las empresas. Según Iván Arias, economista en jefe de Banamex, una reforma fiscal es inevitable. Tarde o temprano, habrá que reestructurar el sistema tributario para sostener el creciente gasto en pensiones. Lo preocupante no es si sucederá, sino cuándo y en qué condiciones políticas y económicas se implementará.
Desde una perspectiva legal, el sistema de pensiones en México quebranta el principio de sostenibilidad intergeneracional. Desde la economía, el modelo es insostenible, estamos transfiriendo recursos masivos a una generación, sin haber acumulado los ahorros necesarios cuando las condiciones lo permitían.
Porque sí, hubo una ventana de oportunidad, y la dejamos pasar. Entre 2000 y 2020, México vivió su bono demográfico, una época en la que la población en edad de trabajar era significativamente mayor al número de dependientes. Ese era el momento de reformar, de ahorrar, de fortalecer instituciones. Pero elegimos el camino corto subsidiar, gastar, posponer decisiones estructurales.
Hoy, solo nos queda actuar con sentido de urgencia. Todavía hay un pequeño margen para amortiguar el golpe. México podría aprovechar lo que queda de su bono demográfico si se enfoca en elevar la productividad del mercado laboral, incrementar la formalidad, fortalecer la recaudación sin frenar el crecimiento, revisar el sistema pensionario con criterios técnicos, no políticos.
Eso incluye una conversación honesta sobre el retiro, las edades de jubilación, los esquemas de aportación y, por supuesto, la fiscalidad del país. Actualmente, México recauda apenas alrededor del 16% del Producto Interno Bruto (PIB) en impuestos, muy por debajo del promedio de América Latina y de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). No hay margen para seguir postergando una reforma fiscal integral.
La realidad es esta, si no hacemos cambios hoy, el costo político y económico de no haber actuado será infinitamente mayor mañana. El sistema actual no se sostiene. Y si no lo reconocemos a tiempo, será el mercado —o una crisis regional o mundial— quien nos lo recuerde.
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