LAS DESPENSAS DEL CJNG

Entre las escenas de devastación que dejaron las lluvias torrenciales en el norte de Veracruz —particularmente en Papantla, Poza Rica y Tihuatlán— hubo una imagen que sobresalió por encima del lodo, los escombros y la desesperanza: la entrega de despensas con el sello del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En videos difundidos en redes sociales, se observa a hombres distribuyendo víveres en comunidades afectadas, mientras la autoridad estatal permanecía ausente o rebasada. La tragedia natural se convirtió también en un retrato crudo del vacío institucional: cuando el Estado falla, el crimen organizado ocupa su lugar.

El vínculo con el poder local

Fuentes bien informadas señalan que detrás de esta aparente “ayuda humanitaria” se movieron engranajes más oscuros. Un alto funcionario de la Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno de Veracruz, junto con José Humberto Hernández Santoyo —exdirector de la Policía Municipal durante el mandato de Eric Domínguez Vázquez—, habrían coordinado la distribución a través del grupo criminal “Sombra”, brazo operativo del CJNG en la región.

Hernández Santoyo, conocido entre los pobladores como “el azote del pueblo papanteco y de la sierra del Totonacapan”, no es un personaje menor: su nombre resuena en historias de abuso, extorsión y complicidad, mientras se mueve con impunidad entre las sombras del poder y la delincuencia.

Una región abandonada

¿Alguien le ha informado al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que Papantla y todo el Totonacapan viven hoy bajo un régimen de terror? En esta franja olvidada del norte veracruzano, los cárteles imponen la ley, cobran “protección” y deciden quién gobierna o quién desaparece.

Las autoridades municipales y estatales, lejos de enfrentar el problema, han optado por coexistir con él. Se ha instaurado una complicidad silenciosa que permite que el crimen opere con disfraz de benefactor, repartiendo despensas y ganando legitimidad donde el gobierno se muestra ausente.

Los Picazo y el control político

Mientras tanto, la familia Picazo continúa extendiendo su influencia política en Coyutla y los municipios aledaños. Basilio Picazo, exdiputado por Papantla y exalcalde de Coyutla, señalado como líder del llamado Grupo Totonacapan, sigue prófugo desde 2019. Se le acusa de ser el autor intelectual del asesinato de la periodista María Elena Ferral, un crimen que simboliza la impunidad que reina en la región.

El poder político y el crimen organizado se entrelazan como raíces de una misma ceiba podrida, donde los intereses de unos y otros convergen en el control del territorio y el silencio de la gente.

Un Estado sin rumbo

Lo ocurrido con las “despensas del CJNG” es más que un acto simbólico: es una advertencia. Mientras el gobierno de Veracruz intenta justificar su inacción y el federal mira hacia otro lado, los grupos criminales construyen capital político y social.

Hoy no se trata solo de la ayuda en una tragedia. Se trata del mensaje que envían esas despensas: que quien manda en Papantla y Poza Rica no es el Estado mexicano, sino la delincuencia organizada con la anuencia de los poderes locales.

Porque cuando el crimen reparte pan y el gobierno reparte miedo, algo está profundamente roto en Veracruz.