La UV margina a los indígenas mientras su rector intenta perpetuarse

Escribe: Rafael Vela Martínez

En días pasados el presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, se reunió con Rectores de Universidades Públicas del país, a este evento acudió el Rector Martín Gerardo Aguilar Sánchez, e incluso difundió una fotografía donde está posando junto a Hugo Aguilar, quizás con la intención de enviar un mensaje, de presunta fortaleza en sus relaciones con el poder judicial,  a los universitarios quienes hemos interpuesto juicios de amparo a nivel federal, por la ilegítima e ilegal prórroga que la Junta de Gobierno extendió por 4 años más al rector Aguilar: es decir, aspira a cuatro años más de exclusión y retroceso.

La pregunta que surge es ¿Será que el presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga conocimiento de la discriminación que la administración de Martín Aguilar ha ejercido en contra de los indígenas de Veracruz? Pues es importante precisar que la entidad cuenta con más de un millón de habitantes indígenas y que, sin embargo, la Universidad Veracruzana (UV) apenas abre sus puertas a un 1.45% de ellos: la administración universitaria actual no ha incorporado reformas a la Universidad Veracruzana Intercultural para mejorar condiciones de estudio para los indígenas.

En Veracruz, según cifras oficiales del INEGI (2020), el 12.64% de la población es indígena: 1,019,017 personas que representan una riqueza cultural invaluable para el estado. Además, 45 municipios son reconocidos como indígenas, pues al menos el 40% de su población pertenece a este grupo histórico.

Sin embargo, en la UV, bajo la gestión del actual rector Martín Gerardo Aguilar Sánchez, esta realidad es ignorada y marginada. La matrícula indígena apenas alcanza a 994 estudiantes distribuidos en las regiones Xalapa, Coatzacoalcos–Minatitlán, Veracruz, Orizaba–Córdoba y Poza Rica–Tuxpan; esta última concentra la cifra más alta con solo 300 estudiantes.

En una institución que presume tener más de 68 mil alumnos en educación formal, el hecho de que apenas 1.45% de ellos sean indígenas es una vergüenza institucional. Y el problema no es casual: ninguna de las sedes universitarias con programas educativos se ubica en los 45 municipios indígenas del estado. Así, comunidades históricamente rezagadas por falta de infraestructura y vías de comunicación siguen sin acceso real a la educación superior.

Las cifras de admisión en 2024 son aún más indignantes: de 2,480 personas indígenas que aspiraron a obtener un lugar, solo fueron aceptadas 875; es decir, apenas el 35% de los aspirantes. Incluso, entre quienes hablan una lengua indígena compitieron 1,121 veracruzanos y únicamente 357 lograron su inscripción, lo que representa menos del 32% de aceptados.

Estos números exhiben una política excluyente y alejada de toda responsabilidad social. Bajo la administración de Aguilar Sánchez, la UV ha cerrado más puertas de las que ha abierto para los pueblos originarios, contraviniendo no solo la misión universitaria, sino también el espíritu constitucional de igualdad y no discriminación.

A pesar de este fracaso histórico en inclusión y equidad, el rector pretende permanecer de manera ilegal otros cuatro años al frente de la institución. De concretarse esta imposición, la Universidad Veracruzana corre el riesgo de prolongar una gestión marcada por el retroceso, la indiferencia y el desprecio hacia quienes, por derecho, deberían ser parte fundamental de la vida universitaria: los pueblos indígenas de Veracruz.

La UV no puede seguir siendo un espacio para pocos y un muro para muchos. La educación superior pública tiene el deber irrenunciable de ser motor de justicia social, no cómplice del abandono histórico. La permanencia de Martín Gerardo Aguilar Sánchez significaría consolidar un modelo universitario excluyente y contrario a la vocación de nuestra Máxima Casa de Estudios.

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