Con mucha visión en materia de seguridad pública el presidente Ernesto Zedillo promovió una reforma constitucional para reformar el artículo 21 de la Carta Fundamental. Por ese proceso legislativo se elevó a rango constitucional a la Seguridad Publica catalogándola como una función de Estado. Es decir, los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal asumirían la responsabilidad de implementar programas preventivos y punitivos contra la delincuencia, que para fines del siglo XX ya estaba adquiriendo proporciones preocupantes. Para aterrizar los fundamentos de la referida reforma constitucional se creó el Consejo Nacional de Seguridad Pública y concomitantemente en las entidades federativas los estatales; en}}para el nivel municipal se crearon los Consejos Municipales de Seguridad Pública. Para completar la estrategia se crearon Academias de Policías Regionales y Estatales (en Xalapa funcionaron ambas durante el gobierno de Miguel Alemán Velasco. El Secretario de Seguridad Pública en el gobierno federal era Alejandro Gertz Manero, a cuyo encargo estuvo toda la operación para concretar la reforma al 21 constitucional, durante el gobierno de Vicente Fox. De esa manera se equipaba normativa y operativamente al Estado Mexicano para combatir la ya creciente ola delincuencial.
No se requiere de mucho análisis para deducir que todo ese esfuerzo desembocó en rotundo fracaso. Todo el esfuerzo y convocatorias del presidente Calderón a los gobernadores y a su vez alcaldes para depurar los cuerpos policiales municipales se frustró por la indolencia y complicidades de ciertos gobernadores, no pocos de estos fueron cooptados por la delincuencia a partir de su candidatura al cargo, luego entonces nada hicieron. El recurso económico fluyó a través de programas específicos, en Veracruz fuimos testigos de cómo los gobernadores desatendieron el compromiso, los alcaldes, sin nada que los obligara, simplemente fueron omisos. El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) hace constancia plena de cómo se derrocha el recurso publico en los ayuntamientos sin rendir resultado alguno. Después de la “estrategia” contra la delincuencia, ese eufemismo de “Abrazos, no balazos”, y de la información no desmentida sobre el dominio territorial de la delincuencia en México (30 por ciento del territorio nacional), de las fúnebres estadísticas (199 mil 500 homicidios y 52 mil desaparecidos durante el gobierno anterior), más de una decena de alcaldes asesinados en lo que va del gobierno actual (más uno desaparecido, el de Zinapécuaro, hace dos días), pese al drástico giro en la estrategia de combate a la delincuencia, desde allende nuestras fronteras pudieran imaginarse que en México ya ronda el fantasma de un Estado fallido.
Imagen de portada: Segurida Pública/// https://es.slideshare.net/
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