Con la sustitución de Adán Augusto López por el senador poblano Ignacio Mier en el liderazgo de Morena en el Senado, las estructuras políticas del partido gobernante habrán de ajustarse en el corto y mediano plazo.
Sin embargo, en medio de estos reacomodos —con o sin Adán Augusto—, la reforma electoral es inevitable. Este cambio al método de elección de nuestros representantes es, por mucho, el que dejará la huella más profunda en el presente y futuro del país.
Recordemos que, en el siglo pasado, tras décadas de exigencias ciudadanas para transitar de un sistema de “partido único” a uno de competencia real, la cuestionada elección de 1988 fue el detonante para reformar la ley. Entre 1990 y 1996, las elecciones pasaron a manos de la sociedad civil con la creación del Instituto Federal Electoral y la profesionalización de los comicios mediante una nueva credencial para votar. El IFE de entonces ya contaba con representaciones en todos los estados del país.
Hacia 2014, ocurrió una reforma radical: el IFE se transformó en el Instituto Nacional Electoral (INE). El objetivo central era “nacionalizar” la democracia para asegurar que los estándares de calidad federales se replicaran en cada entidad.
Así nacieron los OPLEs (Organismos Públicos Locales Electorales), herederos de los antiguos institutos estatales. Su creación respondió a una crítica real: los gobernadores influían directamente en el nombramiento de los consejeros, restando imparcialidad al proceso.
Aunque el INE es la autoridad nacional, los OPLEs son quienes “arrastran el lápiz” en la cotidianidad local. Son los responsables de organizar las elecciones para Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos; imprimen las boletas, diseñan el material electoral y organizan los debates.
Pero lo más importante es su operación técnica: ellos manejan el PREP local —que anuncia al virtual ganador— y realizan los cómputos para entregar las constancias de mayoría. Además, registran y fiscalizan a los partidos que solo tienen registro estatal. No obstante, sobre ellos pesa una sombra: la “cláusula de asunción”, mediante la cual el INE puede atraer una elección local si no existen garantías de limpieza.
Por ello, la Reforma Electoral de este 2026 será determinante para el futuro de estos organismos, incluyendo al de Veracruz. Uno de los objetivos centrales es reducir el presupuesto electoral, y aunque el INE ha declarado que los órganos locales no desaparecerán “por ahora”, la consigna es una austeridad extrema.
La reforma se discutirá formalmente en el Congreso de la Unión durante febrero y marzo. Hay quienes advierten que este cambio pretende devolver el control electoral al poder político; otros, por el contrario, aseguran que es indispensable para garantizar la viabilidad democrática de México.
Mientras la moneda está en el aire, en Veracruz el futuro del OPLE pende de un hilo.
¿Los van a transformar? ¿Serán ahora dependencias directas del INE? ¿Cómo se ejecutará la reducción de gastos y qué pasará con el personal? Y lo más inquietante: ¿regresará el control político local a dirigirlos?
Usted, ¿qué opina?
Historias similares
Los impresentables de Morena
MORENA y la magia: ¡primero los pobres!
El ISSSTE con Trato Digno; y más cercano a la derechohabiencia