La gentrificación y el nuevo pacto urbano

La evolución de la población y ubicación del planeta resulta un excelente indicador de la magnitud de estos cambios. 

Mario Polése

La Ciudad de México -y diversas ciudades del país-han entrado en una nueva fase de su historia urbana, me refiero a la del enfrentamiento abierto contra la gentrificación.

En el caso capitalino, a través del “Bando Uno”, el gobierno local ha reconocido lo que por años fue evidente para miles de inquilinos y negocios pequeños, que el mercado de vivienda dejó de ser un espacio de acceso y se convirtió en un territorio de exclusión, dominado por la especulación y el turismo inmobiliario.

A ese fenómeno se le conoce como “gentrificación” mismo que no es un fenómeno espontáneo. Es el resultado de decisiones políticas y económicas que privilegian el valor de cambio sobre el valor de uso de la vivienda. 

Se exponen en diversos documentos, que colonias como la Roma, Condesa, Juárez y últimamente Coyoacán se han transformado en laboratorios donde la renta corta, el turismo internacional y la financiarización de los inmuebles redefinen quién puede vivir, trabajar y comprar ahí. Lo que era comunidad, ahora se convierte en mercancía.

Desde la economía, esto es una expresión de fallo de mercado. Cuando la demanda externa (turismo, nómadas digitales, renta corta) desplaza a los residentes tradicionales sin una intervención del Estado, se genera una externalidad negativa, que es la pérdida de cohesión social, de arraigo, de economía local y aumento de desigualdades. 

El nuevo paquete de medidas —entre ellas, el índice de alquiler razonable, la defensoría inquilinaria, y los controles sobre plataformas como Airbnb— intentan corregir esa falla. Se busca poner freno al desborde del capital inmobiliario.

Este viraje también tiene implicaciones importantes. Por décadas, las ciudades han sido gobernadas bajo una lógica de “marketing urbano”, compitiendo globalmente por atraer inversión y turistas, dejando de lado el derecho a la ciudad.

Hoy, CDMX envía un mensaje claro desde el punto de vista urbanista, la ciudad es ante todo un lugar para vivir, no solo para rentar. Y eso implica una redistribución del poder entre propietarios, inquilinos, desarrolladores y el propio Estado.

El conflicto está servido. Las plataformas como Airbnb concentran más de 26,000 inmuebles en la ciudad, en un esquema de ganancia rápida y desregulada. Los negocios desplazados por el encarecimiento del suelo y la vivienda pierden competitividad. Y los habitantes tradicionales quedan atrapados entre la nostalgia y la expulsión. Este escenario no es exclusivo de México es parte de una tendencia global. Pero ahora, desde esta urbe latinoamericana, se plantea un modelo alternativo, lo cual me parece prudente. 

¿Hasta dónde podrá llegar? Eso depende de varios factores: 

Uno: la capacidad institucional de aplicar las normas. Dos: el respaldo político para sostener la reforma frente al capital organizado. Y tres: la conciencia ciudadana para exigir una ciudad justa. Porque este no es solo un tema de rentas, sino de democracia urbana.

Frenar la gentrificación no es rechazar el progreso; es orientarlo. Es poner límites al mercado donde vulnera derechos. Es recuperar la idea de que las ciudades son, ante todo, espacios para habitar con dignidad. Si CDMX logra avanzar en este rumbo, se convertirá en referente regional. Si fracasa, será un nuevo episodio de buenas intenciones ahogadas por intereses más grandes excluyentes de la vida comunal.