“La defensa de la legalidad también es defensa de la Universidad”: Entrevista con el Dr. Rafael Vela Martínez

En medio de la creciente preocupación por la prórroga de cuatro años que la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana (UV) otorgó al rector Martín Aguilar Sánchez, un grupo de académicos decidió acudir al Poder Judicial de la Federación para exigir el respeto a la legalidad universitaria.

En las últimas semanas, las autoridades universitarias han difundido versiones contradictorias sobre la situación de estas demandas: primero afirmaron que las seis habían sido desechadas; luego, que sólo tres. Sin embargo, documentos judiciales demuestran que la demanda de amparo promovida por el Dr. Rafael Vela Martínez, investigador del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES), sigue vigente.

Conversamos con el Dr. Vela para conocer su postura y los fundamentos legales que sostienen su acción jurídica, así como el mensaje que envía a la comunidad universitaria.

—Dr. Vela, ¿qué lo motivó a presentar esta demanda de amparo?

—La principal razón fue la violación a mis derechos constitucionales. El pasado 20 de junio de 2025, la Junta de Gobierno de la UV decidió extender de manera arbitraria el periodo del rector Martín Aguilar Sánchez, sin tener facultades expresas para hacerlo. Esta decisión —que llaman prórroga— vulnera la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, que establece con claridad los mecanismos legales para la elección de nuestras autoridades. Además, la Junta omitió publicar la convocatoria correspondiente, como exige la Ley de Autonomía de la UV. En consecuencia, se impidió el derecho de la comunidad universitaria a participar en un proceso legítimo y transparente de renovación de rectoría.

—Las autoridades universitarias han declarado que los tribunales ya desecharon las demandas. ¿Es cierto?

—No. En mi caso, esa afirmación es completamente falsa. Mi demanda sigue su curso ante el Poder Judicial de la Federación. Esa narrativa de que “ya se resolvió todo” forma parte de una estrategia para confundir y desanimar a la comunidad universitaria. Incluso, los amparos que fueron desechados no implican en absoluto que se haya “validado” la prórroga del rector Aguilar Sánchez. Lo que ocurrió fue una inadmisión técnica, basada en jurisprudencia previa a la Reforma Constitucional de 2011 en materia de derechos humanos. Es decir, el fondo del asunto —la legalidad de la prórroga— aún no ha sido juzgado.

—¿Qué hace diferente su demanda y cuáles son sus principales argumentos jurídicos?

—Mi caso se fundamenta en la Reforma Constitucional de 2011 y en la Reforma a la Ley de Amparo de 2013, que reconocen que toda autoridad pública —incluidas las universidades autónomas y sus órganos de gobierno— está obligada a respetar los derechos humanos. Por tanto, la Junta de Gobierno y el rector son autoridades en sentido constitucional, y sus decisiones no pueden estar por encima de la ley. Mi demanda defiende el derecho de todos los universitarios a participar, elegir y ser elegidos en procesos transparentes y democráticos.

Debe enfatizarse que el recurso de queja que interpuso el Rector Aguilar en contra de mi demanda es por el hecho de haber sido aceptada por los tribunales del Poder Judicial de la Federación, únicamente esta queja es lo que se está decidiendo en el Tribunal Colegiado de Boca del Río y, es lo que justamente ha retrasado mis audiencias Constitucionales que una de ellas estaba programada para el 4 de septiembre y la otra el 15 de octubre. Una vez solventado este recurso de queja por parte del tribunal Colegiado de Boca del Río, el expediente regresará al Tribunal administrativo de Xalapa, donde se emitirá la resolución y fallo judicial final.

—¿Dr. Vela, confía usted en que la resolución del Poder Judicial de la Federación será en apego a derecho?

—Sí, confío en la justicia y en el compromiso del Poder Judicial con el Estado de Derecho. Esta no es solo una demanda individual, sino un ejercicio de confianza en las instituciones y en la fuerza de la legalidad. Cuando actuamos con transparencia y fundamentos, la verdad jurídica prevalece. Estoy seguro de que así será.

—Creo en la independencia de nuestros jueces y magistrados, y en que su resolución reafirmará que ninguna autoridad, ni siquiera una universitaria, puede estar por encima de la ley.

—¿Qué mensaje le enviaría a la comunidad universitaria y a la sociedad?

—Este no es un tema personal ni político; es un tema de principios y de respeto a la autonomía universitaria real, aquella que se basa en la legalidad, la transparencia y la participación.

—Invito a toda la comunidad universitaria a informarse, mantenerse unida y defender el derecho a decidir el rumbo de nuestra institución. Las universidades públicas son pilares de la democracia y del pensamiento crítico. Si permitimos que se vulneren sus normas, perdemos todos. La defensa de la legalidad también es defensa de la Universidad.

Por todo lo antes expuesto, se puede concluir que el caso del Dr. Rafael Vela Martínez representa más que una disputa jurídica: es una expresión del compromiso ético de una comunidad que exige rendición de cuentas y respeto a la norma.

En un momento en que la información se distorsiona fácilmente, la claridad y el rigor jurídico son esenciales para sostener el espíritu crítico que distingue a la Universidad Veracruzana.