La detención de Nicolás Maduro por las fuerzas armadas de Estado Unidos establece una nueva relación bilateral México-Estados Unidos. Este evento impactaría directamente en la infraestructura energética y portuaria de Veracruz al ser el nodo
principal de exportaciones de hidrocarburos hacia la cuenca del Caribe.
De acuerdo con los registros de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) del puerto de Coatzacoalcos, durante 2024, a través del recinto de Pajaritos, se movilizaron 21.8 millones de toneladas de petróleo y derivados,
volumen equivalente a 160 millones de barriles anuales. Esta cifra representa el 75 % de la carga total del puerto, consolidándose como la vía de exportación del crudo mexicanos hacia Estados Unidos y Europa.
Sin embargo, la administración de Donald Trump ha señalado que las entidades públicas o privadas que provean soporte logístico o energético a gobiernos vinculados al “corrupto” Nicolás Maduro podrían ser objeto de sanciones por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Bajo este criterio, si el Departamento de Estado de EE. UU. clasifica los envíos de petróleo desde Pajaritos como apoyo a estructuras señaladas de narcoterrorismo, como las enviadas a Cuba, las terminales veracruzanas enfrentarían restricciones para operar con instituciones financieras internacionales o proveedores de tecnología estadounidenses.
Por otra parte, la ejecución de la operación militar estadounidense en el Caribe conlleva un incremento en la vigilancia del Golfo de México. Como lo han venido haciendo, se prevé un endurecimiento en las revisiones de carga en el puerto de Veracruz, en respuesta a la política de Washington para interceptar flujos financieros y materiales relacionados tras la captura de Maduro.
En el ámbito social, el sur de Veracruz constituye el corredor para el flujo migratorio proveniente de Sudamérica. La inestabilidad política en Venezuela podría incrementar el flujo de migrantes por municipios como Acayucan y Oluta que ya registran alta ocupación en los centros de asistencia. Ante este flujo, se requerirán mayores recursos estatales y federales para la atención humanitaria.
En el contexto político, la gobernadora Rocío Nahle mantiene la línea establecida por la presidencia de Claudia Sheinbaum, priorizando el principio de no intervención.
Sin embargo, la interdependencia técnica de las refinerías y complejos petroquímicos de Veracruz con proveedores de Estados Unidos coloca a la administración estatal ante el desafío de gestionar la continuidad operativa de PEMEX frente a posibles decretos ejecutivos de la administración Trump. Estas medidas podrían limitar la cooperación técnica, lo que afectaría la actividad en los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz y Tuxpan.
Lo sucedido en Caracas puede impactar de frente a Veracruz.
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