Xalapa, Ver.- Un grupo de jubilados y pensionados del sistema educativo estatal en Veracruz decidió tomar las calles de Xalapa para exigir lo que consideran un derecho negado desde hace más de tres años: el pago del Seguro de Vida Institucional. Desde este lunes, miembros del Consejo de Jubilados y Pensionados de Veracruz A.C. iniciaron un plantón indefinido sobre la avenida Juan de la Luz Enríquez, frente a Palacio de Gobierno, en demanda de una solución que consideran ya insostenible.
La vocera de la organización, María Esther Caiceros, aseguró que, pese a múltiples reuniones con representantes del gobierno estatal, hasta el momento no han recibido una propuesta concreta ni avances en los pagos pendientes, algunos de los cuales datan desde 2014. “Nos escuchan, nos dicen que nos entienden, pero no resuelven nada”, lamentó.
De acuerdo con la agrupación, más de 45 mil maestros jubilados de los niveles básico —preescolar, primaria y secundaria— han sido afectados. A pesar de que mes con mes se les siguen aplicando descuentos por este seguro, los beneficiarios de docentes fallecidos no han recibido los montos correspondientes. Se estima que los fondos acumulados por aportaciones de los docentes y del gobierno federal ascienden ya a 648 millones de pesos que, según denuncian, están extraviados desde la cancelación del contrato con la aseguradora en noviembre de 2021.
Además, señalaron que la reciente creación de la Aseguradora Veracruzana de Servicios Integrales (ASVI) por decreto de la gobernadora Rocío Nahle no representa una solución al problema, pues está dirigida solo a trabajadores en activo del gobierno estatal y no a los jubilados del sistema educativo.
Los inconformes recordaron que en octubre de 2023 se realizaron pagos parciales a un bloque de beneficiarios, pero muchas de esas entregas estuvieron plagadas de errores en los cheques emitidos, lo que generó más retrasos. Pese al compromiso de corregir y completar los pagos en un plazo de 15 días, más de 400 cheques aún no han sido reexpedidos.
Las protestas continuarán, advirtieron, hasta que haya una respuesta clara y el inicio inmediato de los pagos pendientes. También responsabilizaron al gobierno estatal por cualquier problema de salud que puedan enfrentar los manifestantes, muchos de ellos personas adultas mayores expuestas a condiciones adversas durante su protesta.
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