Xalapa, Ver.– El investigador universitario y aspirante a la Rectoría de la Universidad Veracruzana (UV), Jorge Manzo Denes, promovió un amparo indirecto en contra del proceso de prórroga que la Junta de Gobierno otorgó al actual rector Martín Aguilar Sánchez para continuar al frente de la institución por un segundo periodo.
En su solicitud, Manzo Denes argumentó la existencia de presuntas irregularidades cometidas por los integrantes de dicho órgano colegiado, a quienes señala como autoridades ordenadoras y ejecutoras de la decisión impugnada. El recurso fue interpuesto con base en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como diversos preceptos de la Ley de Amparo, incluyendo los artículos 1, 2, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 103, 107, 108 y 123, entre otros.
El académico sostiene que los actos reclamados transgreden principios establecidos en la Ley de Autonomía de la Universidad Veracruzana, además de violar derechos de participación y representación al interior de la comunidad universitaria. En su escrito, señala que “los integrantes de la Junta de Gobierno son responsables de la vulneración de los derechos de los académicos y universitarios”.
Cabe recordar que el pasado 27 de junio, Jorge Manzo acudió personalmente a las oficinas de la Junta de Gobierno para presentar su solicitud de inscripción como aspirante a la Rectoría. Sin embargo, denunció que no fue atendido por ningún miembro del órgano ni por personal administrativo, a pesar de presentarse dentro del horario laboral, específicamente a las 10:19 horas, cuando el horario oficial de atención es de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas.
Además, señaló que la convocatoria para la renovación de la Rectoría debió haberse emitido el pasado 30 de junio, lo cual no ocurrió. Con base en los artículos 8º de la Constitución y 27 y 28 del Reglamento Interno de la Junta de Gobierno de la UV, Manzo justificó su visita como un acto legítimo en ejercicio de sus derechos universitarios.
Con este recurso legal, el aspirante busca que se revise la legalidad del procedimiento de prórroga y que se garanticen los principios de transparencia, legalidad y equidad en el proceso de designación de la máxima autoridad de la Universidad Veracruzana.

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