La reciente medida determinada por el presidente Donald Trump en agosto de 2025 consiste en una orden ejecutiva secreta que autoriza al Pentágono y a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a llevar a cabo operaciones militares directas, incluso en territorio extranjero como México, contra los cárteles de narcotraficantes mexicanos y otras organizaciones criminales transnacionales que el gobierno estadounidense ha designado como organizaciones terroristas.
Desde inicios de 2025, seis cárteles mexicanos (Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Noreste, del Golfo, Cárteles Unidos y Nueva Familia Mexicana), junto con grupos como el Tren de Aragua, MS-13 y el Cártel de los Soles de Venezuela, han sido catalogados como organizaciones terroristas extranjeras por EE.UU., bajo el argumento de que su actividad genera graves riesgos a la seguridad nacional y estabilidad regional.
La orden da base legal para que las fuerzas armadas estadounidenses puedan actuar más allá de sus fronteras, con operaciones directas en tierra, mar y aire, que pueden incluir capturas o asesinatos de los líderes y miembros de estas organizaciones.
Se destaca que el narcotráfico es tratado como terrorismo armado, no solo como un problema criminal, ampliando las herramientas y recursos del país para combatir estas redes, las cuales también estarían involucradas en tráfico de personas y vínculos con otras organizaciones terroristas. El Pentágono estaría elaborando diversas opciones estratégicas para las operaciones militares, que podrían incluir incursiones navales en costas mexicanas y empleo de drones para vigilancia y ataques.
La medida genera controversia y preocupación por la legalidad del uso de fuerza en suelo soberano extranjero sin consentimiento, potenciales violaciones internacionales, y riesgos de ser considerada una invasión. México ya ha rechazado enérgicamente esta posibilidad y ha afirmado que no permitirá la entrada de tropas estadounidenses en su territorio.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado que México no aceptará la intervención militar de EE.UU. y que la cooperación en seguridad debe respetar la soberanía y las leyes mexicanas.
En resumen, esta medida de Trump representa el paso más agresivo y radical hasta ahora en su administración para combatir al narcotráfico mediante un enfoque militar directo, trasladando la lucha a un terreno que tradicionalmente ha sido responsabilidad policial y judicial, lo que abre un nuevo capítulo de tensión política y diplomática entre ambos países y hacia toda la región latinoamericana.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México ha declarado de manera enfática que no aceptará la participación de fuerzas militares de Estados Unidos en territorio mexicano. La SRE reafirma que la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos se da con un respeto irrestricto a la soberanía nacional de ambos países, y que cada nación debe trabajar dentro de su propio territorio para atender las causas de la violencia y las adicciones derivadas del tráfico ilícito de drogas y armas.
Además, la SRE subraya que la colaboración bilateral se basa en principios de confianza mutua, responsabilidad compartida, igualdad soberana, respeto a la integridad territorial y cooperación sin subordinación. México está comprometido con una Estrategia Nacional de Seguridad para construir la paz con justicia, enfocándose en las causas estructurales de la violencia y en lograr cero impunidad.
La Secretaría enfatiza que la mejor herramienta para proteger a las comunidades es la colaboración y el diálogo binacional dentro del marco de respeto a las leyes de cada país, y que actualmente se trabaja en un acuerdo de seguridad basado en esos principios. Sin embargo, el gobierno mexicano es categórico en que no permitirá el ingreso ni la operación de fuerzas militares estadounidenses en su territorio.
Estas declaraciones surgieron en respuesta a la orden ejecutiva secreta del presidente Donald Trump que autoriza el uso de fuerza militar estadounidense contra los cárteles de narcotráfico, con posibilidad de operaciones en México, algo que México rechaza rotundamente, afirmando que tal intervención violaría su soberanía. La presidenta Claudia Sheinbaum también ha descartado por completo cualquier posibilidad de invasión militar estadounidense en México.
Según la postura de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, una intervención militar de Estados Unidos en territorio mexicano tendría efectos sumamente negativos, tanto desde el punto de vista soberano como diplomático y social. La SRE ha declarado que dicha intervención violaría la soberanía nacional de México y comprometaría principios fundamentales de respeto a la integridad territorial y la igualdad soberana entre naciones.
La SRE sostiene que la cooperación en materia de seguridad debe basarse en la confianza mutua, la responsabilidad compartida y el diálogo respetuoso, dentro del marco legal de cada país. Permitir la entrada y operación de fuerzas militares extranjeras en territorio mexicano abriría un escenario de crisis diplomática grave, con riesgo de tensiones políticas y sociales tanto en México como en las relaciones bilaterales con Estados Unidos.
Además, la intervención militar podría profundizar la violencia y desestabilización en diferentes regiones del país donde tienen una importante presencia los diferentes cárteles, al trasladar la lucha contra el narcotráfico desde el ámbito policial y judicial hacia uno militar y bélico, lo que podría afectar negativamente a las comunidades y a la paz social. La SRE y la presidenta Claudia Sheinbaum han sido categóricas en que México no aceptará ni permitirá una invasión o presencia militar estadounidense en su territorio.
De lo anterior se concluye que la intervención militar tendría un efecto adverso en la soberanía nacional, provocaría un grave conflicto diplomático y pondría en riesgo la estabilidad social y política en México, lejos de ser una solución eficaz a los problemas estructurales vinculados al narcotráfico y la inseguridad. La postura oficial es que la colaboración de seguridad debe fortalecerse dentro del respeto mutuo y la cooperación bilateral sin vulnerar la autonomía de México.
Falta conocer también cuál será la posición del principal partido político en México, el partido en el poder, en caso de que alguna de estas acciones pudieran estar encaminadas hacia algun miembro de la organización partidista o bien sea un funcionario que represente de manera preponderante al actual partido hegemónico.
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*Maestro en comunicación por la Universidad Iberoamericana, de la cual formó parte del cuerpo académico de la Licenciatura en comunicación. Asimismo formó parte del cuerpo académico en la Licenciatura en comunicación de la Universidad Anáhuac, campús norte de la CDMX.
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