Xalapa, Ver.– Integrantes del Frente Nacional de Liberación Social (FNLS) anunciaron que solicitarán una audiencia con la gobernadora Rocío Nahle García para exponer dos casos que consideran emblemáticos de represión e impunidad: el encarcelamiento de Higinio Bustos Navarro, recluido en el penal de Allende desde hace más de dos años, y el asesinato extrajudicial de Gregorio de la Cruz de la Cruz, ocurrido en el municipio de Chicontepec.
Durante un plantón en la Plaza Sebastián Lerdo de Tejada, realizado en el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido —conmemorada del 25 al 30 de mayo—, los integrantes del FNLS exigieron justicia para ambas víctimas. Señalaron que esta acción forma parte de una campaña para visibilizar los crímenes de lesa humanidad y exigir castigo para los responsables.
Pedro Santiago Dolores, uno de los voceros del movimiento, informó que tras la manifestación acudirán a la Dirección de Política Regional para entregar un oficio en el que se formaliza la solicitud de audiencia, cumpliendo con el procedimiento establecido por los propios funcionarios.
“Esperamos esa reunión con los representantes del gobierno estatal para abordar temas que siguen sin resolverse”, declaró.
En el caso de Higinio Bustos, señaló que el juzgado correspondiente ha rechazado sistemáticamente las pruebas de descargo que se han presentado desde el momento de su detención, lo que consideran una violación al debido proceso.
Asimismo, solicitarán su traslado a un penal más cercano al domicilio de sus familiares, alegando que este derecho está contemplado en la ley. “El traslado actual fue ejecutado por el Estado de manera unilateral, sin informar ni a la familia ni a nuestra organización, lo que constituye una violación a sus derechos más elementales”, acusó.
Explicó que el documento que presentarán contiene la solicitud formal del traslado, así como otros puntos relacionados con casos pendientes de revisión por parte del gobierno estatal.
Sobre el asesinato de Gregorio de la Cruz de la Cruz, el FNLS demanda la intervención directa de la titular del Ejecutivo, ya que la Fiscalía Regional de Tantoyuca, aseguraron, se ha negado a entregar la carpeta de investigación correspondiente y mantiene el caso en un estado de rezago.
“Lo que buscamos es que se garantice el acceso a la justicia y que se rompa el patrón de impunidad que prevalece en estos casos”, concluyó Santiago Dolores.
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