Información de La Razón
El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), pilar en materia de investigación y desarrollo tecnológico para Petróleos Mexicanos (Pemex), bajo la dirección de Víctor Rodríguez Padilla, otorgó, por un periodo de dos años, el contrato de arrendamiento de transporte vehicular terrestre a la empresa Supervisión Técnica del Norte, a pesar de que presentó la oferta más alta.
De acuerdo con el fallo de la licitación pública LA-18-T0O-018T0O004-N-177-2025, publicado el 15 de agosto, la firma se adjudicó la partida más grande: 250 camionetas pick-up de doble cabina. Estas unidades se emplearán tanto en funciones administrativas y operativas de campo como en el traslado de personal.
Sin embargo, de las cinco empresas participantes —Casanova Vallejo, Integra Arrenda, Jet Van Car Rental y Jolly Haul—, Supervisión Técnica del Norte presentó la propuesta más alta de la partida 2, con un monto total de 150 millones 299 mil 25 pesos.
Esto representa una diferencia de 56 millones 121 mil 525 pesos respecto a la mejor oferta presentada, que correspondió a la empresa Integra Arrenda por 94 millones 177 mil 500 pesos.
Aunque Integra Arrenda sí presentó la información solicitada —es decir, no hubo omisión y no se comprometió la validez ni la solvencia de la oferta—, fue descalificada del procedimiento.
Para el contrato de las 250 camionetas de doble cabina y 30 vehículos sedán, el IMP estipuló un monto mínimo de 95.9 millones y un tope máximo de 239.7 millones de pesos, además de un sistema de monitoreo en tiempo real como parte del servicio.
Al entregar la licitación a la oferta más alta, el instituto, a cargo de Elizabeth Mar Juárez, está contraviniendo las disposiciones sobre el aprovechamiento de los recursos del Estado, fundamentales para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera responsable.
El fallo se produjo tras una serie de aplazamientos. Originalmente estaba previsto para el 29 de julio, pero se reprogramó en dos ocasiones: primero para el 1 de agosto y luego para el 8 del mismo mes. Finalmente se publicó este 15 de agosto.
Ante ello, los participantes preparan una serie de recursos de inconformidad ante el Órgano Interno de Control, con el fin de solicitar su revisión y buscar la anulación o modificación del fallo.
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