Extrabajadores de tabacalera en Álamo exigen justicia por despojo de terrenos; bloquean el centro de Xalapa

Xalapa, Ver.- Un grupo de extrabajadores de la antigua tabacalera en Álamo, Veracruz, encabezados por su representante legal, Elíseo Garces Herrera, se manifestaron para exigir la intervención de la gobernadora Rocío Nahle, denunciando haber sido despojados de sus terrenos por el grupo denominado “Los 400 Pueblos”. A pesar de contar con una resolución judicial a su favor, acusan que las autoridades han sido omisas y parecen estar protegiendo a sus agresores.

En entrevista, Garces Herrera explicó que el conflicto se originó por la disputa de terrenos donde anteriormente operaba la tabacalera. Aunque obtuvieron un fallo favorable hace tres años en el juzgado civil con cabecera distrital en Tuxpan, los trámites legales siguen detenidos. Según el representante, el grupo de “Los 400 Pueblos” tomó posesión violenta de los terrenos y oficinas, impidiendo a los afectados recuperar sus propiedades, a pesar de contar con escrituras que acreditan su legítima propiedad.

El desalojo ha afectado a más de cien familias, quienes han visto perjudicados sus proyectos productivos. Luego de que la tabacalera cerrara sus operaciones, los afectados se habían dedicado al cultivo de cítricos y desarrollaban iniciativas para darle valor agregado a su producción. Sin embargo, el despojo de los terrenos ha ocasionado pérdidas económicas considerables.

Victoriano Garrido Ruiz, uno de los afectados, denunció que durante el desalojo varios de sus compañeros fueron agredidos físicamente, llegando incluso a sufrir fracturas en brazos. A pesar de la violencia ejercida, hasta el momento no han recibido justicia.

“Hace tres años el juzgado nos otorgó la posesión legal de los inmuebles, pero fue entonces cuando el grupo de ‘Los 400 Pueblos’ tomó las oficinas con lujo de violencia, agrediendo a nuestra gente”, detalló Garces Herrera.

Los afectados señalaron que llevan casi 13 años en esta lucha legal y expresaron su descontento por la falta de acción de las autoridades judiciales. Además, sospechan que el grupo invasor cuenta con influencias políticas que han dificultado el cumplimiento de la resolución judicial.