Xalapa, Ver. – Con una manta en mano y bajo el sol de la capital veracruzana, María del Carmen Gaona Hernández, exdirectora general de Educación Primaria Estatal, realizó una manifestación pacífica en la Plaza Sebastián Lerdo de Tejada para exigir que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) acate una sentencia firme emitida por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA).
La resolución, que favorece a Gaona Hernández, ordena su reinstalación en el cargo y el resarcimiento de los daños ocasionados por lo que calificó como un despido injustificado, además del pago de salarios caídos y compensaciones por perjuicio moral y profesional. No obstante, denunció que desde 2021 las autoridades educativas han evadido el cumplimiento total de la resolución.
“Han sido años de desgaste personal y profesional. Me han negado becas, cambios de adscripción y hasta me han difamado, llamándome ‘aviadora’. Esto ya no solo es una injusticia laboral, es una humillación pública”, expresó Gaona Hernández en entrevista.
De acuerdo con su testimonio, su destitución se produjo sin justificación oficial, a pesar de que fue nombrada formalmente como titular de la Dirección General de Educación Primaria el 1 de diciembre de 2024. Posteriormente, fue notificada verbalmente de su separación del cargo en enero de 2025, bajo la condición de desistirse del litigio laboral que mantenía desde 2018, situación que rechazó rotundamente.
“Me pidieron que me desistiera, pero no acepté. Me indicaron volver a mi centro de adscripción en Tuxpan, pero sin ningún documento oficial que valide el movimiento. Yo he cumplido, pero la SEV no”, afirmó.
La exfuncionaria hizo un llamado al gobierno estatal para que intervenga y garantice el respeto a las resoluciones emitidas por instancias jurisdiccionales. También exigió el cese de represalias, su reinstalación oficial y el pago de los salarios retenidos.
“Exijo lo que me corresponde legalmente. No estoy pidiendo favores, estoy exigiendo justicia y que se respete una sentencia que ya es firme”, sentenció.
La protesta pone en evidencia las dificultades que enfrentan trabajadores del sector público para hacer valer sus derechos laborales incluso ante fallos judiciales favorables.
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