Entre la técnica fiscal y la sospecha política, el caso de las ONG y el SAT

El SAT revocó en marzo 2026 la autorización para recibir donativos deducibles del ISR a 336 organizaciones civiles, incluyendo aquellas que son críticas al gobierno de la 4T como México Evalúa, Mexicanos Primero, Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Mexicanos Contra la Corrupción (MCCI, ya afectada en 2025), argumentando incumplimiento de requisitos de la Ley del ISR. Estas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), enfocadas en educación, anticorrupción y evaluación de políticas, pierden incentivos fiscales para donantes, reduciendo su financiamiento voluntario.

La medida se interpreta como selectiva, contra voces críticas (anti-4T), continuando recortes de subsidios desde 2019 bajo AMLO y asfixiando finanzas de OSC independientes que cuestionan reformas educativas, judiciales y de salud. Aunque el SAT lo presenta como revisión técnica por una supuesta falta de acreditaciones, la inclusión de estas organizaciones genera sospechas de represalias, limitando su operación sin disolución inmediata y tienen hasta 12 meses para regularizar.

Se reduce así el pluralismo al debilitar contrapesos ciudadanos, disuadiendo donantes por pérdida de deducciones y afectando involucramiento en debates públicos. Constituye una amenaza a la libertad de expresión y asociación (art. 6 y 9 de la CPEUM), fomentando autocensura en sociedad civil y erosionando checks and balances democráticos. Académicos advierten impacto en vida democrática, similar a restricciones globales a ONGs opositoras en otros países de América Latina.

La reciente decisión del SAT de retirar la posibilidad de que diversas organizaciones de la sociedad civil reciban donativos deducibles de impuestos admite, al menos, tres lecturas simultáneas: una técnica-fiscal, una política y una institucional. Reducir el debate a una sola dimensión no solo empobrece el análisis, sino que impide comprender la profundidad de sus implicaciones en una democracia como la mexicana.

En su lectura oficial, el gobierno insiste en que se trata de una medida estrictamente administrativa. El argumento es claro, muchas organizaciones no cumplen con requisitos legales básicos declaraciones fiscales, acreditaciones vigentes, claridad en su objeto social o incluso el pago de multas fiscales pendientes. A ello se suman cambios regulatorios recientes, particularmente en sectores como ciencia y tecnología, que dejaron a varias ONG sin los avales necesarios para operar como donatarias autorizadas. Bajo esta óptica, el SAT no estaría haciendo otra cosa que ordenar el sistema, cerrar espacios a posibles simulaciones y evitar abusos en el uso de deducciones fiscales o esquemas de financiamiento irregular. En abstracto, la lógica es difícil de cuestionar, ningún Estado puede renunciar a la fiscalización.

Sin embargo, la controversia emerge con fuerza al observar quiénes están siendo afectados. Entre las organizaciones que han perdido esta posibilidad se encuentran centros de análisis como el Instituto Mexicano para la Competividad, México Evalúa y Mexicanos Primero. No se trata de asociaciones asistenciales tradicionales, sino de think tanks que producen evidencia, evalúan políticas públicas y, con frecuencia, emiten críticas al desempeño gubernamental, incluida la actual administración de la llamada Cuarta Transformación. Aunque el gobierno niega cualquier motivación política, la coincidencia entre el perfil crítico de estas organizaciones y la medida adoptada abre un margen razonable para la sospecha.

Aquí es donde la discusión trasciende lo fiscal y se adentra en lo institucional. Estas organizaciones forman parte de lo que se conoce como sociedad civil organizada, un ecosistema de actores que no compiten electoralmente, pero que cumplen funciones clave en una democracia. Evalúan políticas, generan datos independientes, miden resultados en áreas sensibles como seguridad, educación o corrupción, e influyen en el debate público. No son oposición partidista, pero sí constituyen contrapesos técnicos que pueden resultar incómodos para cualquier gobierno.

Las implicaciones prácticas de la medida son inmediatas. La cancelación de la deducibilidad no prohíbe la existencia de estas organizaciones, pero sí las debilita de manera significativa. Al eliminar el incentivo fiscal, se reduce el flujo de donaciones privadas, lo que impacta directamente en su capacidad operativa. En casos extremos, si no logran recuperar su estatus o adaptarse a las nuevas condiciones, incluso podrían enfrentar riesgos patrimoniales. En términos simples, seguirán existiendo, pero con mucho menos margen de acción.

El problema de fondo, sin embargo, no es solo financiero, sino democrático. La reducción de recursos implica, casi inevitablemente, una menor capacidad para monitorear al poder y producir crítica informada. A ello se suma un posible efecto inhibidor. Si las reglas fiscales se perciben como estrictas pero, sobre todo, como discrecionales, algunas organizaciones podrían optar por moderar sus posturas o evitar confrontaciones abiertas con el gobierno. No se trata necesariamente de censura directa, sino de un entorno que favorece la autocontención. Diversas voces, como Amnistía Internacional, han advertido que este tipo de medidas pueden contribuir a restringir el espacio cívico.

Además, México no es un caso aislado. En varios países de América Latina se ha observado un patrón similar,  en lugar de prohibir abiertamente a las organizaciones civiles, se les limita mediante regulaciones fiscales, administrativas o legales que terminan asfixiando su financiamiento. Es una forma más sutil ,pero no menos efectiva, de reducir la capacidad de los contrapesos no institucionales.

Todo esto revela una tensión de fondo que no es nueva, pero sí permanente: la relación entre el Estado y la sociedad civil. Por un lado, el gobierno tiene la responsabilidad legítima de regular, fiscalizar y evitar abusos. Por el otro, las organizaciones requieren autonomía y recursos para operar con independencia. El punto crítico no es la existencia de reglas, sino la manera en que se aplican y, sobre todo, a quiénes afectan.

En conclusión, la decisión del SAT sí tiene una base técnica real. Es innegable que existen obligaciones fiscales que deben cumplirse y que el Estado debe vigilar. Pero también es cierto que el impacto político de la medida es evidente, al incidir directamente en organizaciones que han sido críticas del poder. Y, más importante aún, el efecto potencial sobre la vida democrática es delicado, debilitar a los contrapesos no electorales implica erosionar una dimensión fundamental de cualquier sistema democrático funcional. En ese equilibrio ,entre la legalidad fiscal y la pluralidad crítica, se juega mucho más que una discusión administrativa, se juega la libertad democrática que desde el poder se intenta con un argumento técnico, pero que en el fondo solo busca la censura.

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Maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Formó parte  del cuerpo académico en comunicación en la Ibero y en la Universidad Anáhuac, campus norte CDMX.